El mercado del GLP en el Perú

Por Jesús Tamayo, director en el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional - COES.

El gas licuado de petróleo (GLP) es uno de los combustibles líquidos más utilizados en el país. Su demanda se ha quintuplicado en los últimos 20 años, con importantes tasas de crecimiento anuales. Pero son necesarias acciones para solucionar la informalidad e inseguridad en su cadena de comercialización.

La demanda actual es de 60.8 MBDC. La producción nacional es de 58.2 MBDC, de los cuales el 85.7% proviene de Camisea, y es procesado por Pluspetrol en Pisco. Las plantas de abastecimiento que se surten de los productores y/o importadores abastecen a distribuidores a granel, plantas envasadoras y gasocentros, existiendo una cadena de comercialización de GLP integrada por diversos tipos de agentes. Más de 8 millones de familias peruanas utiliza el GLP en sus hogares.

Se cuentan con 9.858 locales de venta de GLP en cilindros. Sin embargo, se estima que existan 30 mil puntos de venta no registrados y que no cuentan con autorizaciones, presentan condiciones de riesgo para almacenamiento, compran y venden GLP sin comprobantes de pago y comercializan cilindros de diferentes marcas, lo que no está permitido.

Se cuenta con 4.726 distribuidores de GLP en cilindros. Se estima que algunos hacen practicas informales. Hay 3.091 unidades de transporte en cilindros y 1.514 unidades de transporte de GLP a granel. Algunas de estas unidades transportan GLP a granel que reciben de unidades más grandes y hacen desvíos del destino declarado ante el SCOP.

Osinergmin creó hace 15 años el Sistema de Control de Ordenes y Pedidos (SCOP) con objeto de controlar la informalidad en el mercado de hidrocarburos. Con este sistema, las plantas mayoristas únicamente despachan combustible a unidades autorizadas y por volúmenes autorizados, luego de llegar las unidades de transporte a su destino el destinatario confirma la recepción y se cierra la orden. Sin embargo, existen agentes autorizados e informales que desvían el combustible a destinos no autorizados, haciendo trasiegos a otras unidades, incluso en la vía pública, siendo imposible la trazabilidad de estas operaciones, debido a que existen agentes que no tienen obligación de registrar sus operaciones en el SCOP, así tenemos:

• Consumidores directos menores o igual a mil galones y redes de distribución de GLP
• Distribuidores de GLP en cilindros no generan pedidos en el SCOP y no registran ventas realizadas.
• Locales de venta de GLP no realizan transacciones a través del SCOP, situación que incentiva la informalidad
• Distribuidores de GLP a granel y plantas envasadoras reportan ventas a dichos usuarios después de concluido el mes y no de manera inmediata.

PRÁCTICAS INFORMALES EN LOS LOCALES DE VENTA DE GLP

Se ha detectado que hay locales de venta que venden cilindros de GLP de distintas marcas, práctica prohibida, generándose informalidad e inseguridad. También tienen almacenados una mayor cantidad de cilindros que la autorizada. Y muchos locales no reúnen las condiciones de seguridad.

PARQUE DE CILINDROS AFECTADO POR LA INFORMALIDAD

Aún existen en el mercado cilindros rotulados en libras, los cuales tienen una antigüedad superior a los veinte años, comercializados mayormente en provincias en poblaciones económicamente vulnerables.

No existe una norma técnica vigente para la inspección, mantenimiento y destrucción de dichos cilindros. Se han detectado cilindros en kilogramos que no cumplen la Norma Técnica Peruana para la fabricación de cilindros. Así mismo, no existe un registro ni ningún control de los fabricantes de cilindros.

No existen centros de canje de cilindros, donde las distintas envasadoras puedan intercambiar los cilindros vacíos que retornan de los usuarios finales. Son muy pocas las empresas envasadoras que realizan los canjes de cilindros. La mayoría opta por envasar y pintar los cilindros que no son de su propiedad perjudicando a otras envasadoras.

CONTRABANDO ENTRE GLP ENVASADO Y GLP A GRANEL

EL Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) subsidia algunos combustibles a efectos de que las variaciones internacionales de los precios no afecten al mercado local. Bajo este concepto, el GLP para envasar en cilindros de 10 kg (GLP-E), está protegido por el FEPC. Esto genera una diferencia de precios con el GLP para uso a granel (GLP-G), que utiliza la industria, los gasocentros, los consumidores directos y las redes de distribución. Esta diferencia es utilizada por algunos agentes para comprar GLP-E y utilizarlo como GLP-G, beneficiándose con la diferencia de precios y evadiendo impuestos dado que estas operaciones se hacen sin comprobantes de pago. Hace tiempo se viene recomendando el retiro del GLP-E del FEPC ; finalmente, se ha publicado el D.S. 007-2020 que así lo dispone.

ACCIONES NECESARIAS

La problemática descrita requiere de acciones inmediatas a fin de garantizar el adecuado uso y la seguridad a todo lo largo de la cadena de comercialización de este importante energético:

• Se debe complementar la normativa para que todos los agentes estén sujetos al control SCOP.
• Retirar de circulación los cilindros más antiguos y los de dudosa procedencia usando recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), dado que está relacionado directamente con uno de sus objetivos.
• Organizar un registro y control de fabricantes de cilindros con adecuado sistema de control.
• Establecer centros de canje de cilindros.
• Regular el uso de GPS para los medios de transporte de GLP en cisternas.
• Capacitación en planes de contingencia para los diferentes agentes en toda la cadena de comercialización, incluyendo a Policia, Bomberos, Serenazgo y otros agentes de seguridad.
• Inspección periódica de unidades de transporte.
• Evitar la practica informal en el transporte con unidades pequeñas, tales como motos, triciclos o mototaxis.
• Campañas para que los usuarios exijan el cumplimiento de ciertas prácticas de seguridad: que compren en plantas autorizadas, que emitan comprobantes de pago y cumplan las regulaciones de peso de los cilindros.

Informe de IDL REPORTEROS asegura que el gobierno no está dando las cifras exactas de los muertos por COVID 19

Los muertos que el Gobierno no cuenta

Por IDL-Reporteros.-

Fue el 10 de abril, día 26 del estado de emergencia, cuando, al anunciar la creación de un comando para el levantamiento de cadáveres, el ministro de Salud, Víctor Zamora predijo dónde matará la pandemia en los duros días que enfrentamos hoy: “Un grupo [de ciudadanos] va a morir en el hospital; otro, en la calle, en albergues o en sus casas”.

Pero, ¿sabemos realmente cuántos fallecidos por COVID-19 hay en el Perú? Mientras el Minsa, hasta el 27 de abril, calcula 782 fallecidos por COVID-19 a nivel nacional, IDL-Reporteros comprobó —al analizar los registros de los crematorios que más cadáveres incineran en Lima y Callao— que la cifra de muertos del Gobierno es muy inferior a la cantidad de ciudadanos que, luego de morir en un hospital o clínica, en su casa o en la calle, y ser cremados como casos COVID-19, vuelven a sus familias como ceniza.

El subregistro de muertos

Mortuorio del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Viernes 23 de abril, 11pm. (Foto: Omar Lucas)

Así, para verificar la magnitud de dicho subregistro, IDL-R contrastó el reporte de fallecidos de la Sala Situacional COVID. La fecha de corte de la comparación fue el 24 de abril, cuando la cifra oficial fue de 290 muertos por COVID-19 en Lima y 40 en el Callao, y 634 a nivel nacional.

Luego comparamos esos datos con el registro de Piedrangel, el crematorio que más fallecidos por COVID-19 recoge e incinera en Lima y Callao. Entre el 20 de marzo y el 20 de abril, este crematorio —ubicado en el cementerio PNP Santa Rosa, en Chorrillos— incineró 1,005 cadáveres entre confirmados y sospechosos de COVID-19, en Lima y Callao: 818 murieron en un centro público de salud, 16 en hospitales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, 153 en un domicilio o en la vía pública, 16 en centros privados de salud, y 2 en prisión.

Desde la fecha en que Piedrangel incineró al primer peruano que falleció en su casa por coronavirus, el 19 de marzo, —un hombre de 69 años, que murió solo en su departamento de Miraflores—, los tres hornos de este crematorio incineraban entre 15 y 18 cadáveres a diario. Desde el 16 de abril, sin embargo, comenzaron a cremar entre 45 y 50 cuerpos cada día.

“Tenemos las dos cámaras llenas”, dijo a IDL-R Henry Gonzáles, gerente general de Piedrangel, quien entre el 20 y 24 de abril había contabilizado más de 300 muertos. “No hemos recibido cadáveres desde el sábado. Los mortuorios de los hospitales deben estar rebalsados de cadáveres. La semana que viene y las dos posteriores serán las más críticas”. Por eso, esta semana, que se supone es cuando más enfermos de COVID-19 fallecerán en casas, calles y hospitales, Piedrangel tiene planificado instalar de dos a cuatro hornos más para poder cubrir el servicio.

A su vez, la funeraria Campo Fe cremó 68 fallecidos sospechosos y confirmados de Lima y Callao, según sus registros actualizados al 23 de abril. Constante Castillo, jefe de operaciones de dicha funeraria, indicó a IDL-R que “la empresa donó 100 cremaciones al Estado. Hasta este momento se han usado 44 donaciones. Hemos tenido 24 cremaciones por COVID-19, de nuestros clientes particulares”.

Así que, al sumar los fallecidos registrados por Piedrangel y Campo Fe, se obtiene un total de 1,073 muertos por COVID-19 solo en Lima y Callao: el triple de lo reportado por el Minsa en estas regiones, y mucho mayor a la cifra de muertos registrados en todo el país.
El análisis comparativo de las cifras oficiales y las empresas funerarias, pueden consultarse en el siguiente gráfico:

Fuentes: Registro de la Sala Situacional de COVID-19 del Minsa actualizado al 24 de abril; el registro de fallecidos cremados por COVID -19 o sospecha de COVID-19 del crematorio Piedrangel, del cementerio Santa Rosa, hasta el 20 de abril; y el registro de fallecidos cremados por COVID-19 o sospecha de COVID-19 de la funeraria Campo Fe hasta el 23 de abril.

Vale la pena destacar la enorme diferencia entre los datos del crematorio Piedrangel y el Minsa respecto a la cantidad de personas que murieron en la vía pública o en una vivienda. Mientras que Piedrangel cremó a 153 personas fallecidas que fueron recogidas en la calle o en un domicilio, el Minsa solo registra a siete fallecidos en esa condición.

Otro dato relevante: Campo Fe cremó 30 cadáveres procedentes del Hospital Guillermo Kaelin, en Villa María del Triunfo, como parte de la donación que hizo la compañía al Estado para cremar fallecidos en el contexto del COVID-19. Sin embargo, este hospital no figura en los registros del Minsa como uno de los centros públicos de salud que han tenido fallecidos por Covid-19.

La funeraria Mapfre, a su vez, que tiene cinco camposantos en Lima, Huachipa, Piura, Ica, Chincha y Pisco, también ha sepultado y cremado fallecidos con diagnóstico positivo de COVID-19 o con la probabilidad de haberlo tenido. De acuerdo con información entregada por la compañía, “hasta el 23 de abril, se han atendido 124 casos: 86 casos confirmados y 38 sospechosos. Se ha usado cremaciones o sepultura. En el marco de la ley y en cuanto esta lo permite, la familia ha decidido por uno de los procedimientos”.

Cifras que no cuadran

Mortuorio del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Jueves 23 de abril, 12:30 pm. (Foto: Omar Lucas)

IDL-R también pudo comprobar que existe una diferencia marcada entre el conteo de fallecidos del Gobierno y el que refleja las páginas de los registros de fallecidos de dos hospitales públicos de Lima: el Hipólito Unanue (El Agustino), y el Arzobispo Loayza, (Cercado de Lima).
Las páginas del registro del mortuorio del Unanue indican que, desde el 26 de marzo hasta el 24 de abril, fallecieron 70 personas en las zonas acondicionadas para la atención de pacientes COVID-19. La mayoría de ellos, fallecidos en las áreas de Emergencias o en los pabellones D2 y D1, destinados a casos confirmados y sospechosos. Sin embargo, el registro oficial del Minsa, actualizado hasta el 24 de abril, solo contaba 12 muertos.

A Flourish chart

Otro caso similar lo encontramos en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, uno de los más importantes y antiguos del país. De acuerdo a los registros del mortuorio y a los certificados de defunción, solo entre el 14 y 20 de abril (sin contar el 16), el Loayza consignó 21 muertos clasificados como “Cadáver COVID-19”. En 20 de estos casos se especificaba que habían muerto por COVID-19 o por alguna enfermedad relacionada al COVID-19, en el espacio de “diagnóstico” de la ficha Sin embargo, hasta el 24 de abril, el Minsa solo contaba 10 muertos en este hospital.

La diferencia entre las cifras oficiales y las que registran los hospitales y crematorios llama poderosamente la atención, y revelan, como mínimo, una profunda negligencia del Gobierno en la compilación de los datos de los fallecidos por la pandemia.

Pero, ¿a qué se debe este subregistro? ¿El Minsa incluye en su conteo oficial de muertos por COVID-19 solo a los casos confirmados? ¿Y los casos sospechosos?
En busca de explicaciones, IDL-R conversó con Óscar Ugarte, jefe de Operaciones de Essalud y miembro del Comando COVID-19. Dijo que “de acuerdo a la norma, los fallecidos sospechosos se consideran como casos confirmados. En principio no eran [contabilizados], pero en determinado momento se modificó, porque pasó a predominar la sintomatología, el cuadro clínico”.
Otro experto consultado fue el epidemiólogo César Cárcamo, miembro del grupo Prospectiva Covid, que asesora al presidente Martín Vizcarra y al ministro de Salud, Víctor Zamora. Cárcamo dijo a IDL-R que no sabía si el Minsa incluía o no a los sospechosos por COVID-19 en su registro oficial.
“Sé que al principio no los incluía, a la fecha no lo sé”, dijo Cárcamo. “Hace unas dos semanas hemos solicitado que incluyan a los sospechosos. ¿La razón? Las pruebas pueden dar falsos negativos y porque estamos en una pandemia que va a afectar a muchísima gente, y probablemente una persona que muera con fiebre es porque tenía COVID-19. Entonces hemos pedido estadísticas, incluyendo esos casos”.

César Cárcamo y Óscar Ugarte. (Fotos: Grupo El Comercio)

Sobre la metodología del registro de muertos, Cárcamo ensayó también una explicación: “En el certificado de defunción se pone un código de covid sin confirmación y nosotros lo contamos como covid. El CDC espera que salgan los resultados y los agregan a la cuenta. Si les hacen la prueba y sale positiva, aparece en las cuentas un poco tarde, pero llega. Lo que hay ahí es un retraso con el reporte. Los problemas son otros, de personas que pueden tener la prueba negativa teniendo COVID-19. Tienen los síntomas, pero tienen la prueba negativa. Y nosotros asumimos que esa persona sí tiene covid. En ese caso sí hay un subregistro. Y luego están las otras personas que fallecieron y nunca les hicieron la prueba y también queda como subregistro. Entonces las estadísticas del CDC son estrictas, pero en las otras estadísticas que nosotros sacamos a partir de los certificados de defunción sí aparecen, solo por el diagnóstico clínico”.

Esas “otras estadísticas” a las que se refiere Cárcamo, son las del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). “Ellos reciben diariamente el certificado de defunción electrónico. El mismo día que muere ya aparece en la base de datos. Esto funciona bien en Lima y en algunas ciudades grandes. En algunas no funciona, como en Lambayeque. Captura más o menos el 70% de las muertes a nivel nacional, y en Lima debe ser como el 80%”.

Según Cárcamo, ese sistema no tiene el retraso de los dos o tres días que tiene la prueba molecular (PCR) y tampoco el problema de falsos negativos o personas a las que no le hicieron dicha prueba.

“Ahí están todas las personas que fallecen y ahí podemos separar a las que tiene causa de muerte de COVID-19”, sostiene el experto. “Nosotros usamos los dos registros. Uno es más sensible y menos específico y el otro es más específico y menos sensible. Nosotros estamos vigilando los dos. La verdad está en medio. No tenemos un registro perfecto”.

Para tener explicaciones más precisas, IDL-R también buscó, durante varios días, una entrevista con Manuel Loayza, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), la institución que compila y procesa los datos que se publican en la Sala Situacional COVID-19. También buscamos a la viceministra de Salud Pública, Nancy Zerpa; y a la jefa del comando COVID-19, Pilar Mazzetti, para que pudieran explicar cómo funciona el sistema de recolección, verificación y sistematización de los datos de fallecidos con diagnóstico positivo o con sospecha de haber tenido coronavirus.

Pero, en lugar de respuesta, solo hubo de parte de ellos un silencio sepulcral.

Al cierre de esta edición, IDL-R pudo contactar al ministro de Salud, Víctor Zamora, quien ofreció contestar, luego de su presentación ante el Congreso este martes 28, las preguntas que le hizo esta publicación sobre las diferencias entre las cifras oficiales y las que registran los hospitales, las funerarias y los crematorios.

Publicado el martes 28 de abril, 2020 a las 2:01 | RSS 2.0.
Última actualización el martes 28 de abril, 2020 a las 3:04

 

 

Antamina: actualización sobre avances de plan de respuesta frente al COVID-19

En el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 que viene atravesando el país, Antamina continúa con su compromiso por priorizar la salud y seguridad de sus trabajadores y contratistas; así como la de sus familias y las comunidades del entorno.

Como se informó anteriormente, Antamina ha estado aplicando pruebas moleculares de descarte de Covid-19 a quienes estuvieron en las operaciones durante el período de inmovilidad decretado por el Gobierno peruano, extendido hasta el 10 de mayo. La compañía estuvo operando con una fuerza laboral reducida de aproximadamente 2,400 personas que permanecieron en el campamento bajo el estado de emergencia e inamovilidad. La “parada de seguridad estratégica” del 13 de abril permitió la desmovilización de todos estos trabajadores, con la excepción de un equipo reducido que se ha mantenido en el sitio para labores esenciales. Durante el período de inmovilidad, Antamina tuvo una serie de iniciativas y campañas informativas para promover comportamientos preventivos y mantuvo un plan de vigilancia y respuesta médica. Todo esto en permanente coordinación con las autoridades.
El objetivo de Antamina es lograr diagnósticos precisos y brindar atención médica oportuna y adecuada. Todo esto es parte de un plan de salud y control que la Compañía viene ejecutando en coordinación con las autoridades de salud y el Gobierno; así como con apoyo médico especializado externo designado por Antamina.
A la fecha, se han aplicado alrededor de 600 pruebas moleculares a trabajadores y contratistas; el laboratorio a cargo ha entregado resultados a casi 500 personas; una tarea que se realiza mientras las pruebas continúan aplicándose a más trabajadores. De acuerdo con la ley peruana, los resultados se entregan personalmente, ya que son confidenciales.
La información preliminar recibida que podemos compartir, y a la que accedemos solo para efectos de poder continuar ofreciendo apoyo a través de nuestro plan de salud y control, muestra que del total de casos positivos hasta la fecha (210), el 87% son asintomáticos. De aquellos con signos asociados con COVID-19, la mayoría muestra síntomas leves. Diecisiete personas reciben atención médica en clínicas, mientras que el resto cumple con sus respectivas cuarentenas.
De los diecisiete trabajadores en clínicas; 16 se encuentran estables y en proceso de recuperación. Uno de ellos se encuentra en cuidados intensivos. Estamos en contacto permanente con su familia y ofreciendo todo el apoyo necesario.
“Nuestra principal prioridad es garantizar la salud de cada uno de nuestros empleados, y brindarles a ellos y sus familias todo el apoyo en este momento. “, afirmó Silvio Brigneti, presidente y gerente general (i) de Antamina.
En los hoteles donde los trabajadores vienen cumpliendo su cuarentena, la compañía viene aplicando protocolos de atención alineados con adecuados estándares de salud y aislamiento. Con este fin, ha asignado en estos lugares personal médico de guardia, entre otras medidas de asistencia médica.
Antamina también ha implementado un programa de acompañamiento y asistencia social, así como un centro de llamadas, para estar en contacto permanente con los trabajadores y sus familias, a fin de recibir consultas y brindar orientación.
En el campamento minero, los planes de sanitización siguen en marcha con equipos especializados. La fecha para reiniciar las operaciones aún es incierta.

Oficina de Comunicaciones
Compañía Minera Antamina

CETEMIN pone en marcha programa e-learning como respuesta a crisis por COVID-19

Se trata de una estrategia diseñada para atender las necesidades académicas de sus estudiantes y de los nuevos clientes que podrá atender.

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha puesto en jaque a la educación peruana: escolar, técnica, universitaria. Hoy, más que nunca, se hace imprescindible la necesidad de implementar distintas estrategias que permitan aplacar la incertidumbre que están atravesando los estudiantes y lograr que su formación técnica o universitaria post-crisis sanitaria no sea truncada.
Por ello, CETEMIN –único instituto licenciado que brinda educación técnica en ocho meses- viene trabajando en su nuevo Programa E-learning a través de la conversión de sus cursos presenciales en cursos virtuales, incorporando las mejores prácticas de aprendizaje en línea que hoy se aplican en países de primer mundo. “El nuevo escenario tras la COVID-19 nos trae muchos retos. Estamos trabajando en una innovadora plataforma virtual de aprendizaje y una nueva metodología pedagógica para retomar las clases con los estudiantes a mediados de mayo aproximadamente”, señala José Revilla, Gerente Académico de CETEMIN.
Todos estos cambios representan la oportunidad de ampliar la cobertura de educación que actualmente brinda CETEMIN, ya que el inicio de cada grupo de estudio será más ágil y el estudiante tendrá más opciones de horarios respecto de sus talleres prácticos. “Tenemos que estar convencidos que estos cambios sirven para mejorar y debemos adaptarnos rápidamente. Los estudiantes irán adquiriendo conocimientos y al final de sus estudios habrán obtenido el logro de todas las competencias necesarias”, afirma Revilla.
De esta manera, las carreras técnicas de CETEMIN se llevarán a cabo bajo una modalidad semipresencial. Así, en su modelo 4×4, las clases se iniciarán con la parte teórica de manera virtual en mayo (4 meses) y la fase práctica se realizará en los últimos meses del 2020 e incluso los primeros del 2021 (4 meses), siempre adecuando estos cronogramas a las normas de seguridad para prevenir cualquier contagio. “No obstante, esta crisis no nos ha paralizado. Todo el mes de abril tuvimos un plan de aprendizaje con clases de reforzamiento en línea, actividades específicas que enviábamos cada día a los estudiantes bajo un formato de tareas de los cursos técnicos, de habilidades blandas y de inglés”. Cabe señalar que CETEMIN viene incorporando una serie de medidas sanitarias acorde a las disposiciones que determina el Gobierno Central para garantizar la salud y el bienestar de su población estudiantil, así como de sus colaboradores. “Así nuestros estudiantes, como nuestros colaboradores administrativos se sentirán más protegidos. Ese es nuestro objetivo”, concluye el Gerente Académico de CETEMIN.
Para mayor información, comuníquese con:
Área de Marketing y Comunicaciones
Correo: vladimir.palacios@cetemin.edu.pe

Minem facultó a Osinergmin a dictar medidas que aseguren el suministro de combustibles en el país

De manera transitoria el regulador podrá emitir disposiciones que garanticen el abastecimiento de energía.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-EM facultó al Organismo Supervisor de la Inversión de la Energía y Minería (Osinergmin) a establecer medidas transitorias que, en el marco de la coyuntura de emergencia nacional, permitan utilizar infraestructura de almacenamiento de hidrocarburos para el abastecimiento de combustibles, dada la importancia de estos productos en las actividades socioeconómicas del país.

De acuerdo a la norma, el organismo regulador podrá remitir disposiciones excepcionales, por motivos de emergencia nacional, para viabilizar la operatividad de centros de almacenamiento, entre otros componentes de las cadenas productivas y de distribución de combustibles.

Las medidas podrán ser emitidas bajo determinadas condiciones técnicas de seguridad, de acuerdo a las funciones de Osinergmin y con la finalidad de asegurar la continuidad de las actividades de hidrocarburos.

Cabe señalar que este tipo de operaciones son realizadas por empresas debidamente autorizadas dedicadas a la exploración, explotación, procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte o distribución del petróleo y sus derivados.

Mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional por el brote del COVID-19, se establece que el Estado garantiza la continuidad de los servicios de gas y combustible por constituir servicios esenciales que requiere la Nación en el escenario de emergencia.

Fuente: MINEM

Minem: Gas Licuado de Petróleo y el Diésel son retirados del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles

Esta medida contribuye a mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades de comercialización de ambos productos.

El Ministerio de Energía y Minas, a través del Decreto Supremo N°007-2020-EM, aprobó la exclusión del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el Diésel de la lista de productos que se encuentran afectos al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible (FEPC), con el fin de facilitar el traslado de la caída de los precios internacionales de estos productos en beneficio de los consumidores peruanos.

Dentro del fondo se contemplaba al GLP destinado al envasado en balones para el consumo de los hogares, el cual tenía un precio distinto que el dirigido a los clientes comerciales e industriales (GLP a granel). Esto motivó que algunos agentes adquirieran el GLP para envasado y lo comercializaran a granel, lo cual constituía una severa distorsión en el mercado y un incentivo a la informalidad de su comercialización.

Por otro lado, el Diésel también estaba incluido dentro del FEPC por estar destinado al uso vehicular y actividades de generación eléctrica, que tenía como finalidad salvaguardar a los usuarios del sector transporte. Como resultado se formó una diferencia de precios de este combustible, lo que genera que exista un incentivo a la informalidad en su venta.

Con la aprobación de la medida de exclusión de estos combustibles del FEPC, que entrará en vigor el martes 28 de abril, se contribuye a mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades de comercialización de GLP y Diésel, haciendo posible que los usuarios puedan beneficiarse, en esta coyuntura, con la disminución de los precios internacionales de estos energéticos.

Entre los beneficios también figuran la eliminación de la distorsión de precios del GLP y Diésel, lo cual permitirá reducir la informalidad de su comercialización. Asimismo, se contribuirá al mejoramiento del proceso de control, supervisión y fiscalización del mercado de GLP y la reducción de costos asociados; y se coadyuvará en la reducción el impacto del FEPC en las cuentas fiscales del país.

Cabe señalar que el FEPC fue creado mediante el Decreto de Urgencia N° 010-2004 como un fondo intangible destinado a evitar que la volatilidad de los precios del mercado internacional del petróleo crudo y sus derivados se traslade a los consumidores.

Fuente: Minem

Puesta en marcha de hidroeléctrica La Virgen en Perú se retrasa hasta el 2021

La central hidroeléctrica La Virgen en Junín utilizará agua del río Tarma y se conectará a la red nacional a través de la línea de transmisión La Virgen-Caripa de 63.5 km de largo y 138 kV.

El inicio de la operación comercial del proyecto hidroeléctrico La Virgen de 84 MW en Perú, originalmente planeado para este año, probablemente se retrasará a principios del 2021, en tanto La Virgen ha solicitado una ampliación hasta enero.

El portal BNamericas informó que el regulador de inversiones en energía y minería, Osinergmin, divulgó esta información. La construcción comenzó en enero del 2014.

La central hidroeléctrica La Virgen en Junín utilizará agua del río Tarma y se conectará a la red nacional a través de la línea de transmisión La Virgen-Caripa de 63.5 km de largo y 138 kV. El proyecto incluye tres grupos electrógenos de turbina HISA-WEG y transformadores ABB.

La empresa de propósito especial La Virgen es controlada por Alupar de Brasil en sociedad con la empresa local Peruana de Energía. La compañía dijo que requiere tiempo adicional para completar las reparaciones en el túnel de suministro de agua.

En sus resultados del cuarto trimestre del 2019, Alupar destacó que se había instalado el equipo electromecánico del proyecto y se habían realizado pruebas en seco.

Fuente: Gestión

Garantizan el traslado de combustible a provincias

Mediante las vías férreas se transportan combustible y productos hacia las ciudades del interior del país. Con ello se garantiza el abastecimiento de los grifos, para el expendio de hidrocarburos, y de otros mercados que satisfacen las demandas de consumo de la población, aseguró el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada.

“Los modos de transporte ferroviario y carretero abastecen a todo el país”, detalló.
En este contexto, mediante el sistema ferroviario del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente se transportaron 42,688 toneladas de carga, entre ellas un millón 589,220 galones de combustible, del 16 de marzo al 8 de abril del 2020. Este período corresponde a la actual emergencia sanitaria establecida para evitar la propagación del covid-19.El ministro Lozada informó que el sector elabora dos adendas al contrato de concesión.
“Trabajamos con la concesionaria dos adendas para que este ferrocarril tenga acceso al Mercado Mayorista de Santa Anita. Con ello se podrán llevar productos del centro del país a este gran centro de abastos. La segunda permitirá que ingrese al puerto del Callao. De esta forma se reducirá el congestionamiento en el ingreso al puerto”, sostuvo.
Transporte
Entre el 16 de marzo y el 8 de abril, el ferrocarril central transportó 121,470 toneladas de carga, que incluyeron 645,000 galones de combustible.

Fuente: El Peruano

Coronavirus evidencia la necesidad de migrar a ERNC para reducir la contaminación

La crisis causada por la pandemia del COVID-19 está impactando de una manera sin precedentes en el mundo. Además de las lamentables pérdidas de vidas humanas y la gran cantidad de personas contagiadas, la incertidumbre es el sentimiento generalizado en la sociedad y los agentes económicos y productivos, entre los que está el sector eléctrico, esencial para mitigar los efectos de esta epidemia.

Al respecto, Franklin Acevedo, gerente general de Energy Development Corporation Perú (EDC), declaró que “el primer impacto registrado por el sector fue la caída en más del 30% de la demanda de energía eléctrica como consecuencia lógica de la paralización de industrias y sectores que no son considerados esenciales durante este Estado de Emergencia. Creemos que una vez que se levante esta medida de forma gradual, la demanda se recuperará lentamente, según el contexto económico post-pandemia”.

Otro impacto del coronavirus es la marcada caída del precio internacional del petróleo, que ha dado espacio a dudas respecto a la rentabilidad de desarrollar proyectos con energías renovables no convencionales (ERNC). “Si bien el precio del petróleo ha caído considerablemente, este se va a recuperar a medida que la economía mundial se reactive. Asimismo, es importante tener en cuenta que el precio del petróleo no es el único factor que nuestro Gobierno debe considerar al evaluar las fuentes de generación de energía. Existen suficientes estudios que demuestran el impacto ambiental y económico negativo que implica generar electricidad con recursos como el petróleo o el carbón, por ello resulta un error concentrarse únicamente en el ´precio´ de generar electricidad con un recurso. Lo que se debe analizar -y cuantificar- son además los impactos que dicho recurso va a generar en el ambiente, la salud y la economía local. Es bajo esa premisa que el mundo ha optado por cambiar y adoptar una política de transición energética hacia los recursos renovables. Nuestro país no puede ser ajeno a este cambio generado a nivel mundial”, señaló Acevedo.

En ese sentido, el gerente general de EDC Perú, considera que una de las más grandes lecciones durante este tiempo de pandemia es la rápida recuperación de espacios por la naturaleza, así como la acelerada regeneración de la atmósfera a los pocos días de paralizados los grandes emisores de CO2 como las industrias y los vehículos. “La electricidad es vital, y nuestro país -al contar con suficientes fuentes renovables- tiene la capacidad de no tener que cargar con el funesto efecto colateral de emitir gases de efecto invernadero. La población y el Gobierno han tomado conciencia de esto y el Presidente Vizcarra nos ha exhortado a ‘escuchar a la Tierra’; nosotros apelamos a nuestras autoridades a ser más conscientes con el medio ambiente y promover con mayor empeño a la industria geotérmica en nuestro país, porque el cambio climático no se detendrá por un virus y aún queda mucho por hacer”, sostuvo.

Respecto a los proyectos de geotermia que Energy Development Corporation viene desarrollando en Achumani, Arequipa y Quelloapacheta, Moquegua, Acevedo declaró que “EDC Perú espera que gracias a la colaboración de todos los peruanos esta pandemia provoque un impacto mínimo. En ese sentido, apostamos por el Perú y no vamos a detener la inversión en nuestros proyectos geotérmicos en Arequipa y Moquegua. Asimismo, esperamos que el Gobierno tenga en cuenta a nuestros proyectos dentro del plan de reactivación económica post COVID-19. Los más de mil millones de dólares de inversión, sumados a los empleos y programas sociales de EDC servirán para aminorar los efectos negativos de esta pandemia e impulsar el desarrollo económico del país y de regiones tan importantes como Arequipa y Moquegua”.

Acerca de Energy Development Corporation Perú – EDC Perú

Es parte del grupo filipino EDC, con más de 40 años desarrollando proyectos de generación eléctrica mediante la geotermia y otras energías renovables no convencionales en Filipinas, Chile, Indonesia y Perú. www.energy.com.ph

ABB y sus colaboradores hacen donación al Comité Internacional de la Cruz Roja

Como parte de las medidas encaminadas a apoyar los esfuerzos en la lucha contra el COVID-19, la multinacional ABB está uniendo fuerzas con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La organización internacional humanitaria de raíces suizas y el movimiento Media Luna Roja, han estado trabajando con comunidades alrededor del mundo para incrementar la preparación y resiliencia desde que empezó el brote de COVID-19.

ABB hará una contribución inicial de 1.3 millones de dólares (1 millón de francos suizos) a los esfuerzos del CICR ante el COVID-19 y además, el Grupo ABB igualará 1 a 1 todas las donaciones hechas por sus empleados alrededor del mundo. El dinero será usado para proveer infraestructura para los centros de antención médica, infraestructura sanitaria, y artículos cruciales como jabón y máscarillas.

“Como una compañía global, tenemos la responsabilidad de ayudar a la sociedad a atravesar esta crisis. Con esta acción, estaremos apoyando a algunas de las personas en las comunidades más vulnerables”, dijo Björn Rosengren, CEO de ABB.

ABB tiene una larga relación de confianza con el CICR, que lanzó su llamado de emergencia al final de marzo por cerca de 280 millones de dólares (250 millones de francos suizos) como parte de la convocatoria de la Cruz Roja Internacional y el movimiento Media Luna Roja de 825 millones de dólares (800 millones de francos suizos) para apoyar a la gente más vulnerable del mundo.

La Cruz Roja Internacional y el movimiento Media Luna Roja conforman la red humanitaria más grande del mundo. Sus voluntarios y su personal ayudan a la personas que viven en países con sistemas de salud y bienestar social precarios; gente en recuperación de desastres recientes; migrantes y desplazados; aquellos en zonas de conflicto y los que enfrentan escenarios de violencia; gente en urbes marginales, detenidos; y gente que sufre por el impacto socioeconómico del COVID-19.