Informe de IDL REPORTEROS asegura que el gobierno no está dando las cifras exactas de los muertos por COVID 19

Los muertos que el Gobierno no cuenta

Por IDL-Reporteros.-

Fue el 10 de abril, día 26 del estado de emergencia, cuando, al anunciar la creación de un comando para el levantamiento de cadáveres, el ministro de Salud, Víctor Zamora predijo dónde matará la pandemia en los duros días que enfrentamos hoy: “Un grupo [de ciudadanos] va a morir en el hospital; otro, en la calle, en albergues o en sus casas”.

Pero, ¿sabemos realmente cuántos fallecidos por COVID-19 hay en el Perú? Mientras el Minsa, hasta el 27 de abril, calcula 782 fallecidos por COVID-19 a nivel nacional, IDL-Reporteros comprobó —al analizar los registros de los crematorios que más cadáveres incineran en Lima y Callao— que la cifra de muertos del Gobierno es muy inferior a la cantidad de ciudadanos que, luego de morir en un hospital o clínica, en su casa o en la calle, y ser cremados como casos COVID-19, vuelven a sus familias como ceniza.

El subregistro de muertos

Mortuorio del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Viernes 23 de abril, 11pm. (Foto: Omar Lucas)

Así, para verificar la magnitud de dicho subregistro, IDL-R contrastó el reporte de fallecidos de la Sala Situacional COVID. La fecha de corte de la comparación fue el 24 de abril, cuando la cifra oficial fue de 290 muertos por COVID-19 en Lima y 40 en el Callao, y 634 a nivel nacional.

Luego comparamos esos datos con el registro de Piedrangel, el crematorio que más fallecidos por COVID-19 recoge e incinera en Lima y Callao. Entre el 20 de marzo y el 20 de abril, este crematorio —ubicado en el cementerio PNP Santa Rosa, en Chorrillos— incineró 1,005 cadáveres entre confirmados y sospechosos de COVID-19, en Lima y Callao: 818 murieron en un centro público de salud, 16 en hospitales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, 153 en un domicilio o en la vía pública, 16 en centros privados de salud, y 2 en prisión.

Desde la fecha en que Piedrangel incineró al primer peruano que falleció en su casa por coronavirus, el 19 de marzo, —un hombre de 69 años, que murió solo en su departamento de Miraflores—, los tres hornos de este crematorio incineraban entre 15 y 18 cadáveres a diario. Desde el 16 de abril, sin embargo, comenzaron a cremar entre 45 y 50 cuerpos cada día.

“Tenemos las dos cámaras llenas”, dijo a IDL-R Henry Gonzáles, gerente general de Piedrangel, quien entre el 20 y 24 de abril había contabilizado más de 300 muertos. “No hemos recibido cadáveres desde el sábado. Los mortuorios de los hospitales deben estar rebalsados de cadáveres. La semana que viene y las dos posteriores serán las más críticas”. Por eso, esta semana, que se supone es cuando más enfermos de COVID-19 fallecerán en casas, calles y hospitales, Piedrangel tiene planificado instalar de dos a cuatro hornos más para poder cubrir el servicio.

A su vez, la funeraria Campo Fe cremó 68 fallecidos sospechosos y confirmados de Lima y Callao, según sus registros actualizados al 23 de abril. Constante Castillo, jefe de operaciones de dicha funeraria, indicó a IDL-R que “la empresa donó 100 cremaciones al Estado. Hasta este momento se han usado 44 donaciones. Hemos tenido 24 cremaciones por COVID-19, de nuestros clientes particulares”.

Así que, al sumar los fallecidos registrados por Piedrangel y Campo Fe, se obtiene un total de 1,073 muertos por COVID-19 solo en Lima y Callao: el triple de lo reportado por el Minsa en estas regiones, y mucho mayor a la cifra de muertos registrados en todo el país.
El análisis comparativo de las cifras oficiales y las empresas funerarias, pueden consultarse en el siguiente gráfico:

Fuentes: Registro de la Sala Situacional de COVID-19 del Minsa actualizado al 24 de abril; el registro de fallecidos cremados por COVID -19 o sospecha de COVID-19 del crematorio Piedrangel, del cementerio Santa Rosa, hasta el 20 de abril; y el registro de fallecidos cremados por COVID-19 o sospecha de COVID-19 de la funeraria Campo Fe hasta el 23 de abril.

Vale la pena destacar la enorme diferencia entre los datos del crematorio Piedrangel y el Minsa respecto a la cantidad de personas que murieron en la vía pública o en una vivienda. Mientras que Piedrangel cremó a 153 personas fallecidas que fueron recogidas en la calle o en un domicilio, el Minsa solo registra a siete fallecidos en esa condición.

Otro dato relevante: Campo Fe cremó 30 cadáveres procedentes del Hospital Guillermo Kaelin, en Villa María del Triunfo, como parte de la donación que hizo la compañía al Estado para cremar fallecidos en el contexto del COVID-19. Sin embargo, este hospital no figura en los registros del Minsa como uno de los centros públicos de salud que han tenido fallecidos por Covid-19.

La funeraria Mapfre, a su vez, que tiene cinco camposantos en Lima, Huachipa, Piura, Ica, Chincha y Pisco, también ha sepultado y cremado fallecidos con diagnóstico positivo de COVID-19 o con la probabilidad de haberlo tenido. De acuerdo con información entregada por la compañía, “hasta el 23 de abril, se han atendido 124 casos: 86 casos confirmados y 38 sospechosos. Se ha usado cremaciones o sepultura. En el marco de la ley y en cuanto esta lo permite, la familia ha decidido por uno de los procedimientos”.

Cifras que no cuadran

Mortuorio del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Jueves 23 de abril, 12:30 pm. (Foto: Omar Lucas)

IDL-R también pudo comprobar que existe una diferencia marcada entre el conteo de fallecidos del Gobierno y el que refleja las páginas de los registros de fallecidos de dos hospitales públicos de Lima: el Hipólito Unanue (El Agustino), y el Arzobispo Loayza, (Cercado de Lima).
Las páginas del registro del mortuorio del Unanue indican que, desde el 26 de marzo hasta el 24 de abril, fallecieron 70 personas en las zonas acondicionadas para la atención de pacientes COVID-19. La mayoría de ellos, fallecidos en las áreas de Emergencias o en los pabellones D2 y D1, destinados a casos confirmados y sospechosos. Sin embargo, el registro oficial del Minsa, actualizado hasta el 24 de abril, solo contaba 12 muertos.

A Flourish chart

Otro caso similar lo encontramos en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, uno de los más importantes y antiguos del país. De acuerdo a los registros del mortuorio y a los certificados de defunción, solo entre el 14 y 20 de abril (sin contar el 16), el Loayza consignó 21 muertos clasificados como “Cadáver COVID-19”. En 20 de estos casos se especificaba que habían muerto por COVID-19 o por alguna enfermedad relacionada al COVID-19, en el espacio de “diagnóstico” de la ficha Sin embargo, hasta el 24 de abril, el Minsa solo contaba 10 muertos en este hospital.

La diferencia entre las cifras oficiales y las que registran los hospitales y crematorios llama poderosamente la atención, y revelan, como mínimo, una profunda negligencia del Gobierno en la compilación de los datos de los fallecidos por la pandemia.

Pero, ¿a qué se debe este subregistro? ¿El Minsa incluye en su conteo oficial de muertos por COVID-19 solo a los casos confirmados? ¿Y los casos sospechosos?
En busca de explicaciones, IDL-R conversó con Óscar Ugarte, jefe de Operaciones de Essalud y miembro del Comando COVID-19. Dijo que “de acuerdo a la norma, los fallecidos sospechosos se consideran como casos confirmados. En principio no eran [contabilizados], pero en determinado momento se modificó, porque pasó a predominar la sintomatología, el cuadro clínico”.
Otro experto consultado fue el epidemiólogo César Cárcamo, miembro del grupo Prospectiva Covid, que asesora al presidente Martín Vizcarra y al ministro de Salud, Víctor Zamora. Cárcamo dijo a IDL-R que no sabía si el Minsa incluía o no a los sospechosos por COVID-19 en su registro oficial.
“Sé que al principio no los incluía, a la fecha no lo sé”, dijo Cárcamo. “Hace unas dos semanas hemos solicitado que incluyan a los sospechosos. ¿La razón? Las pruebas pueden dar falsos negativos y porque estamos en una pandemia que va a afectar a muchísima gente, y probablemente una persona que muera con fiebre es porque tenía COVID-19. Entonces hemos pedido estadísticas, incluyendo esos casos”.

César Cárcamo y Óscar Ugarte. (Fotos: Grupo El Comercio)

Sobre la metodología del registro de muertos, Cárcamo ensayó también una explicación: “En el certificado de defunción se pone un código de covid sin confirmación y nosotros lo contamos como covid. El CDC espera que salgan los resultados y los agregan a la cuenta. Si les hacen la prueba y sale positiva, aparece en las cuentas un poco tarde, pero llega. Lo que hay ahí es un retraso con el reporte. Los problemas son otros, de personas que pueden tener la prueba negativa teniendo COVID-19. Tienen los síntomas, pero tienen la prueba negativa. Y nosotros asumimos que esa persona sí tiene covid. En ese caso sí hay un subregistro. Y luego están las otras personas que fallecieron y nunca les hicieron la prueba y también queda como subregistro. Entonces las estadísticas del CDC son estrictas, pero en las otras estadísticas que nosotros sacamos a partir de los certificados de defunción sí aparecen, solo por el diagnóstico clínico”.

Esas “otras estadísticas” a las que se refiere Cárcamo, son las del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). “Ellos reciben diariamente el certificado de defunción electrónico. El mismo día que muere ya aparece en la base de datos. Esto funciona bien en Lima y en algunas ciudades grandes. En algunas no funciona, como en Lambayeque. Captura más o menos el 70% de las muertes a nivel nacional, y en Lima debe ser como el 80%”.

Según Cárcamo, ese sistema no tiene el retraso de los dos o tres días que tiene la prueba molecular (PCR) y tampoco el problema de falsos negativos o personas a las que no le hicieron dicha prueba.

“Ahí están todas las personas que fallecen y ahí podemos separar a las que tiene causa de muerte de COVID-19”, sostiene el experto. “Nosotros usamos los dos registros. Uno es más sensible y menos específico y el otro es más específico y menos sensible. Nosotros estamos vigilando los dos. La verdad está en medio. No tenemos un registro perfecto”.

Para tener explicaciones más precisas, IDL-R también buscó, durante varios días, una entrevista con Manuel Loayza, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), la institución que compila y procesa los datos que se publican en la Sala Situacional COVID-19. También buscamos a la viceministra de Salud Pública, Nancy Zerpa; y a la jefa del comando COVID-19, Pilar Mazzetti, para que pudieran explicar cómo funciona el sistema de recolección, verificación y sistematización de los datos de fallecidos con diagnóstico positivo o con sospecha de haber tenido coronavirus.

Pero, en lugar de respuesta, solo hubo de parte de ellos un silencio sepulcral.

Al cierre de esta edición, IDL-R pudo contactar al ministro de Salud, Víctor Zamora, quien ofreció contestar, luego de su presentación ante el Congreso este martes 28, las preguntas que le hizo esta publicación sobre las diferencias entre las cifras oficiales y las que registran los hospitales, las funerarias y los crematorios.

Publicado el martes 28 de abril, 2020 a las 2:01 | RSS 2.0.
Última actualización el martes 28 de abril, 2020 a las 3:04

 

 

ANTAMINA EVACUÓ AL TOTAL DE SUS TRABAJADORES DE CAMPO Y REALIZA PRUEBAS POR COVID-19 A CADA UNO DE ELLOS

• Personal se encuentra en cuarentena en diversos hoteles y hospedajes en Lima, cumpliendo estrictamente las normas de aislamiento social decretadas por las autoridades.
• Establecimientos cuentan con personal médico de guardia asignado, así como ambulancias disponibles ante posibles emergencias.
• Pruebas realizadas al momento por la empresa ya han arrojado casos de contagio.

La empresa Antamina ha evacuado al total de sus colaboradores que venían realizando trabajo de campo. Se trata de una población de 1500 personas (entre contratados por la misma empresa y proveedores), quienes están siendo sometidos a pruebas de diagnóstico por Covid-19. Así lo ha dado a conocer la empresa, luego de confirmar un mayor número de casos de contagio que los esperados, siendo la mayoría de ellos asintomáticos.

Los trabajadores desmovilizados se encuentran en cuarentena en diversos hoteles y hospedajes, cumpliendo estrictamente las normas de aislamiento social decretadas por las autoridades. Cada uno de estos establecimientos cuenta con un médico de guardia asignado, así como ambulancias disponibles ante posibles emergencias.

“Nuestro compromiso es lograr diagnósticos precisos y, si es necesario, garantizar una atención médica oportuna y adecuada. Es por eso que aplicaremos las pruebas sin esperar que aparezcan signos o síntomas asociados con Covid-19”, ha señalado el Presidente y Gerente General de Antamina, Silvio Brigneti.

Ante esta coyuntura, Antamina se encuentra en permanente comunicación con las autoridades sanitarias y cuenta con el apoyo especializado de un equipo de epidemiólogos de la Universidad Cayetano Heredia. Asimismo, ha implementado un programa de acompañamiento y asistencia social, además de un centro de llamadas para estar en contacto permanente con sus colaboradores y sus familiares, a fin de recibir consultas y brindar orientación.

De acuerdo a la legislación vigente, los resultados de las pruebas son entregados personalmente a cada trabajador por el laboratorio a cargo, pues se trata de información de carácter confidencial. Aun así, la empresa Antamina hace seguimiento de los casos y tiene el compromiso de ofrecer ayuda, soporte y orientación a cada colaborador.

Cabe recordar que el pasado 13 de abril, la empresa anunció una “parada estratégica de seguridad” en sus operaciones, con la finalidad de adaptar sus operaciones a los retos laborales y de interacción social que impone la pandemia. En la actual coyuntura, es probable que esta detención temporal se extiende más allá de las dos semanas previamente anunciadas.

Oficina de Comunicaciones
Compañía Minera Antamina

Coronavirus evidencia la necesidad de migrar a ERNC para reducir la contaminación

La crisis causada por la pandemia del COVID-19 está impactando de una manera sin precedentes en el mundo. Además de las lamentables pérdidas de vidas humanas y la gran cantidad de personas contagiadas, la incertidumbre es el sentimiento generalizado en la sociedad y los agentes económicos y productivos, entre los que está el sector eléctrico, esencial para mitigar los efectos de esta epidemia.

Al respecto, Franklin Acevedo, gerente general de Energy Development Corporation Perú (EDC), declaró que “el primer impacto registrado por el sector fue la caída en más del 30% de la demanda de energía eléctrica como consecuencia lógica de la paralización de industrias y sectores que no son considerados esenciales durante este Estado de Emergencia. Creemos que una vez que se levante esta medida de forma gradual, la demanda se recuperará lentamente, según el contexto económico post-pandemia”.

Otro impacto del coronavirus es la marcada caída del precio internacional del petróleo, que ha dado espacio a dudas respecto a la rentabilidad de desarrollar proyectos con energías renovables no convencionales (ERNC). “Si bien el precio del petróleo ha caído considerablemente, este se va a recuperar a medida que la economía mundial se reactive. Asimismo, es importante tener en cuenta que el precio del petróleo no es el único factor que nuestro Gobierno debe considerar al evaluar las fuentes de generación de energía. Existen suficientes estudios que demuestran el impacto ambiental y económico negativo que implica generar electricidad con recursos como el petróleo o el carbón, por ello resulta un error concentrarse únicamente en el ´precio´ de generar electricidad con un recurso. Lo que se debe analizar -y cuantificar- son además los impactos que dicho recurso va a generar en el ambiente, la salud y la economía local. Es bajo esa premisa que el mundo ha optado por cambiar y adoptar una política de transición energética hacia los recursos renovables. Nuestro país no puede ser ajeno a este cambio generado a nivel mundial”, señaló Acevedo.

En ese sentido, el gerente general de EDC Perú, considera que una de las más grandes lecciones durante este tiempo de pandemia es la rápida recuperación de espacios por la naturaleza, así como la acelerada regeneración de la atmósfera a los pocos días de paralizados los grandes emisores de CO2 como las industrias y los vehículos. “La electricidad es vital, y nuestro país -al contar con suficientes fuentes renovables- tiene la capacidad de no tener que cargar con el funesto efecto colateral de emitir gases de efecto invernadero. La población y el Gobierno han tomado conciencia de esto y el Presidente Vizcarra nos ha exhortado a ‘escuchar a la Tierra’; nosotros apelamos a nuestras autoridades a ser más conscientes con el medio ambiente y promover con mayor empeño a la industria geotérmica en nuestro país, porque el cambio climático no se detendrá por un virus y aún queda mucho por hacer”, sostuvo.

Respecto a los proyectos de geotermia que Energy Development Corporation viene desarrollando en Achumani, Arequipa y Quelloapacheta, Moquegua, Acevedo declaró que “EDC Perú espera que gracias a la colaboración de todos los peruanos esta pandemia provoque un impacto mínimo. En ese sentido, apostamos por el Perú y no vamos a detener la inversión en nuestros proyectos geotérmicos en Arequipa y Moquegua. Asimismo, esperamos que el Gobierno tenga en cuenta a nuestros proyectos dentro del plan de reactivación económica post COVID-19. Los más de mil millones de dólares de inversión, sumados a los empleos y programas sociales de EDC servirán para aminorar los efectos negativos de esta pandemia e impulsar el desarrollo económico del país y de regiones tan importantes como Arequipa y Moquegua”.

Acerca de Energy Development Corporation Perú – EDC Perú

Es parte del grupo filipino EDC, con más de 40 años desarrollando proyectos de generación eléctrica mediante la geotermia y otras energías renovables no convencionales en Filipinas, Chile, Indonesia y Perú. www.energy.com.ph

CAPECO y ASEI se unen para llevar agua potable a las zonas más vulnerables de Lima durante la emergencia

Con esta acción se beneficiarán a más de 14 mil familias de 6 distritos en situación vulnerable.

En un trabajo conjunto entre la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), se inició el abastecimiento de agua potable a las zonas más vulnerables de la ciudad, a través de camiones cisternas que recorrerán 6 distritos beneficiarios durante el período de emergencia sanitaria.
De esta forma, se beneficiará a más de 14 mil familias de las zonas más vulnerables de Comas, Carabayllo, Rímac, Independencia, Chaclacayo, Chosica y Pucusana. Así, las familias beneficiarias no tendrán que adquirir al agua a los camiones cisternas a un elevado precio, tal como lo realizan millones de personas en Lima que no cuenta con un servicio de agua potable y desagüe adecuado.
Cabe precisar que esta situación se agrava con la declaratoria de emergencia nacional, que impide el desarrollo laboral habitual, reduciendo la capacidad adquisitiva de las familias vulnerables.
“CAPECO y ASEI han asignado en conjunto un presupuesto de más de 160 mil soles para alcanzar el reparto de más de un millón y medio de litros de agua, con el objetivo de que las familias más vulnerables no se encuentren desabastecidas durante la emergencia”, señaló Humberto Martínez, Presidente del Consejo Directivo de CAPECO.
La distribución y seguimiento diario del abastecimiento se realiza en constante coordinación con SEDAPAL, lo que permite la rápida respuesta ante las diversas situaciones que se presenten, con la finalidad de garantizar el suministro a todas las familias beneficiadas.

Pacific Latam