Cuál es la propuesta del BID para atraer inversores de buses eléctricos a Latinoamérica

El organismo financiero propone un nuevo modelo que ofrezca seguridad al operador y permita reducir los riesgos de inversión, teniendo en cuenta el elevado coste inicial que implica la incorporación de buses eléctricos.

134

Uno de los principales inconvenientes a la hora de planear incorporar buses eléctricos para una empresa o para el sector público es la inversión inicial que deben realizar y los riesgos que la misma puede significar. Es por esto que para el Banco Interamericano de Desarrollo la clave para reducir los peligros y la incertidumbre es establecer nuevos marcos contractuales en la región.

“Estos deben buscar estructuras bancables que permitan atraer capital y al sector privado al proceso”, indica Felipe Ezquerra, Investment Management Principal Officer del BID Invest, que agrega: “Para eso se necesita sustancialmente una redistribución de los riesgos entre lo público y lo privado”.

Sucede que el riesgo principal, en especial en momentos de pandemia, es el de la demanda, la cual por los modelos típicos de negocio suele recaer casi en su totalidad en el actor privado.

En consecuencia, para atraer inversionistas que no teman a la hora de destinar capital a una flota de buses eléctricos, el especialista de la entidad concibe un modelo contraactual seguro a aquel que cumple con una serie de características:

  1. que permite segregar la recaudación y separarla de los operadores.
  2. que permite segregar la compra de la flota de la operación sobre aquellos actores que pueden permitir la bancabilidad.
  3. que funcione con tarifas técnicas para la compra de flota y la operación, separando el riesgo de la tarifa técnica de la tarifa pública a los usuarios.

Desde esta visión, en Latinoamérica, el caso de Chile es un claro ejemplo en el que se encontró en una división de responsabilidades entre Estado y operador un modelo rentable para ampliar la red de buses eléctricos. De hecho, hoy el país tiene entre sus hitos la flota de buses más grande de América Latina.

El modelo que implementa el país chileno divide tareas y reparte responsabilidades entre cada actor del proceso. A su vez, el Estado puede hacerse cargo de los contratos, ante algún imprevisto, y funcionar como garante de deberes hasta que se encuentre el componente faltante del sistema.

De esta manera, según Ezquerra, durante un webinar realizado por el BID, al privado se le amortiguaría el coste de una inversión, que es dos o tres veces mayor que con un bus tradicional, que necesita plazos y montos mayores; al mismo tiempo que se ordenaría la fragmentación del sector en cuanto a los actores que lo componen así como también en cuanto a la variabilidad de los contratos existentes.


Fuente: Portal Movilidad