El sector minero-energético es intensivo en uso de capital, y por la elevada cuantía requerida para el desarrollo de grandes proyectos, que son los que contribuyen significativamente en el PBI, tanto en la etapa constructiva como en la operativa; la principal fuente es la inversión extranjera directa (IED).

Al cierre del 2019 el stock de IED en el sector, es decir aquella que ha quedado en el país y que no es capital especulativo, ascendió a 9,470 millones de dólares, que representó el 46% del total. Indubitable su importancia.

Los inversionistas evalúan: la calificación riesgo país, que tiene incidencia en el costo de crédito; el riesgo en el relacionamiento social y el liderazgo de las autoridades que conducen el sector, que asegura que sean capaces de solucionar las dificultades de toda índole que se suelen presentar en los grandes proyectos.

En el caso riesgo país, a pesar de toda la catástrofe económica que estamos viviendo, las calificadoras de riesgo aún tienen confianza en nuestra capacidad de pago para endeudamiento en dólares. Tanto Fitch & Rating, Standard & Poor´s y Moody´s, nos han mantenido en la misma posición, BBB+ para las dos primeras y Baa1, para la tercera.
Sobre el relacionamiento social, aún hay serias dudas, los diversos fracasos por conflictos en proyectos como: Tambo Grande, Conga y Tía María, son pésimos antecedentes.

Finalmente, en cuanto a la capacidad de gestión de los titulares de las diversas carteras relacionadas a la inversión, evalúan al Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ministerio del Ambiente (Minam), Ministerio de Justicia (Minjus), Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) y Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La evaluación tendrá en cuenta que es un gobierno que está en el último año de mandato y con un proceso electoral en ciernes. Lo que esperan en estas circunstancias es que no se agrave la situación actual, como mínimo y que allanen el camino para una buena gestión del siguiente gobierno como máximo.

El designado Ministro de Energía y Minas, Rafael Belaunde Llosa, viene de trabajar de áreas de relacionamiento social, como Cofopri y la Defensoría del Pueblo; donde ha sido un mando medio y su conocimiento del sector va entre escaso al desconocimiento. Poco o nada podemos esperar, aprenderá algo si dura hasta el final de mandato.

Por el lado del Minam, la Ministra Kirla Echegaray Alfaro, tiene experiencia en puestos de carácter administrativo en el Estado, recientemente se ha desempeñado como secretaria general de dicho ministerio. No es una especialista en medioambientalismo, todo indica que a su antecesora Fabiola Muñoz, le ha pasado factura su prédica a favor del Tratado de Escazú.

Por el lado del Minjus, muy ligado a temas de carácter jurídico del Estado, sobre todo en litigios internacionales relacionados a temas medioambientales y derechos humanos, la nueva titular, Ana Neyra Zegarra; tiene una carrera similar a la de su par en el Minam, pero dentro del ámbito de Justicia.

En Cancillería, el embajador, Mario López Chávarry, si es un conocedor de su profesión y dado que se ha desempeñado en áreas de carácter económico, pondrá paños fríos a tratados que puedan ocasionar temores a los empresarios, Escazú nuevamente presente.

Por el lado de la PCM, todo dependerá a quién se le designe Viceministro de Gobernanza Territorial, en cuya área de encuentra la Oficina de Gestión Social y Diálogo, encargada de liderar la posición gubernamental en conflictos sociales. El mejor escenario es que al menos no permita avanzar a los opositores a las industrias extractivas

En resumen, no se espera avance alguno en el ámbito minero-energético.

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