Ley de minería: ¿Reforma en ciernes o sólo generalidades?

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Nos referimos a ese mismo informe que el país esperaba con expectativas meses atrás, cuando el conflicto en torno a Tía María ocupaba todos los titulares.

Las necesidades de luchar contra el COVID-19 han disipado esa expectación. Sin embargo, la pandemia no explica la demora previa del Gobierno en publicar el informe, pues este le fue entregado el 13 de febrero, cinco semanas antes de la declaratoria de emergencia nacional.

Hablamos de un retraso de cuatro meses, precisa el economista Gonzalo Tamayo, miembro del grupo de trabajo. Pero, ¿cuáles son las propuestas de este documento?

Quienes han leído el frondoso informe – de nada menos que 175 páginas- concuerdan que es un ejercio ambicioso, rico en información y confeccionado con mucho a empeño.

En esencia, explica el geólogo Miguel Cardozo, el documento reconoce nuestra gran dependencia económica del sector minero, pero también la manera de sastrosa en que los procesos vinculados a la minería son manejados por la administración pública.

Del mismo modo, el informe reconoce la necesidad de actualizar la Ley General de Minería, documento con casi 30 años de antigüedad, que ha quedado desfasado par los requerimientos de la minería moderna.

«Los planteamientos de la comisión coinciden en gran parte con las preocupaciones que hemos manifestado al Gobierno en la Mesa Ejecutiva Minero-Energática», indica Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE. El análisis efectuado por la comisión, dicen los especialistas, es impecable. Pero otro sería el caso con las propuestas.

¿Oportunidad perdida?

Marcial García, experto en tributación minera e interpretación nacional de EY, opina que se ha perdido una gran oportunidad de pulir la legislación tributaria. «Yo esperaba propuestas más concretas, considerando que las normas tributaras mineras tienen 30 años y que fueron diseñadas para una realidad muy distinta a la que vemos ahora», señala.

A su entender, las recomendaciones de la comisión son muy generales y evitan entrar en precisiones, cuando lo cierto es que ‘el diablo está en los detalles’.

Prueba de ellos es la controversia entre la Sunat y Sociedad Minera Cerra Verde, originada por la oscuridad de una norma tributaria, que está llevando al país a un nuevo costoso arbitraje. Igual opina Epifanio Baca, consultor independiente del Grupo Propuesta Ciudadana.

El economista considera bastante útiles los aportes de la comisión y, de hecho, resalta que esta haya tomado en cuenta dos inciativas de carácter tributario propuestas por la asociación civil: la adopción de medidas antielusión y el fortalecimiento de los sistemas de revisión (para evitar prácticas de subvaloración en el envió de concentrados).

No obstante, concuerda en que las recomendaciones del grupo de trabajo son muy generalistas, un resultado de reflejaría la dificultad de consensuar los diferentes puntos de vista de sus integrantes.

Una prueba de esta generalización de ideas, en opinión de Miguel Cardozo, es el acercamiento de la comisión al problema regulatorio en la exploración minera.

En este apartado, señala, el grupo de trabajo da un paso adelante al sugerir que la Ficha Técnica Ambiental (FTA) se apruebe automaticamente, pero mantiene la consulta previa para los pequeños proyectos y también el silencio administrativo negativo.

«Reconozco que el informe tiene una mirada muy integrada y balanceada respecto de la importancia de la minería y la necesidad de corregir las ineficiencias del Estado, pero cuando entramos a las propuestas concretas todo se relativiza», anota el geólogo.

La Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible estaba conformada por ocho profesionales de distintas esquinas ideológicas: Roxana Barrantes, Isabel Calle, Carlos Herrera, Diego Macera, José Luis Escffi, Iván Lanegra, Paulo Vilca y Gonzalo Tamayo.

El Comercio