Los estudios de impacto ambiental han evolucionado en los últimos 20 años. La bióloga Susana Gushiken, jefa de Estudios Medioambientales y Programas Sociales en Dessau S&Z, explica que la falta de una normativa clara afectaba la eficacia de los estudios ambientales, situación que se empezó a superar a partir de la aprobación de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y su reglamento, el cual es el marco general aplicable a todos los sectores productivos en el Perú. Luego, en el 2010 se crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, que revisa y aprueba los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de mayor envergadura de los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto.
Gushiken destaca que desde julio ya tenemos un reglamento de protección ambiental para el sector eléctrico, luego de un trabajo técnico de más de tres años, que incluyeron procesos participativos con los diferentes actores del Sector. Cabe recordar que el anterior reglamento, aprobado en el año 1994, quedó desactualizado ante los múltiples cambios normativos en la legislación ambiental vigente, los avances tecnológicos de los últimos 25 años y la creación de nuevas autoridades ambientales, entre otras razones.
“El titular del proyecto y los evaluadores ya saben qué es lo que tiene que presentar en los estudios. Antes, por la falta de una normativa clara, que dejaba vacíos, se dependía de los criterios del evaluador y, a veces, no iba de la mano con lo que el titular en etapa de construcción o de operación necesitaba”, explica la ejecutiva de Dessau S&Z.
LA VISIÓN DE SENACE
Susana Gushiken enfatiza que los estudios de impacto ambiental necesitan ser de calidad, alineados a los mejores parámetros, para que sirvan al titular del proyecto y sus procesos ambientales. “Los estudios tienen que ser, realmente, un instrumento útil”, precisa.
En este sentido, resaltó el papel del Senace. “Es una institución que intenta promover la inversión teniendo en cuenta el eje social y ambiental. Con Senace hay un trabajo coordinado. No te evalúa para descalificar sino para mejorar y que se produzca un buen estudio, un buen instrumento”, explica.
Gushiken recuerda que antes primaba la fiscalización y sanción. Asimismo, recalca que un estudio defectuoso afecta la imagen de cualquier empresa.
“Ahora todas las compañías tienen que valorar la imagen corporativa. Asociado a su rol frente a la sociedad, el medio ambiente es importante. Las consultoras debemos ser claras para informar si los impactos del proyecto son manejables o no. Y si no es manejable, es mejor no ejecutarlo”, afirma.
VACÍO DE INFORMACIÓN
Una de las razones por la que existen proyectos cuyos impactos impiden su ejecución es un vacío de información causado por la inacción del Estado peruano.
“Un estudio de impacto ambiental se realiza sobre, por ejemplo, una cuenca para instalar una central. Lo óptimo es que esa cuenca tenga ya un plan integral de manejo. Ese plan integral no existe. Recientemente, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha iniciado este plan para cada cuenca. ¿Qué implica esto? Que antes de presentar cualquier proyecto haya un plan para esa cuenca y que ya esté definido qué proyectos pueden ser ejecutados. Eso es lo que tenga faltando”, puntualiza.
“En una fase de identificación de proyectos, lo único que verá el empresario es si hay agua suficiente. No mirará si hay una especie en peligro de extinción. Pero si ya hubiese una información sobre si la zona tiene características especiales, si ya está mapeado, el empresario tomará en cuenta esa información en su decisión. Al haber ese vacío de información se está generando conflictos”, asevera. De su experiencia, recuerda cómo le solicitan estudios de impacto ambiental que incluyan investigaciones para calibrar la afectación a la dinámica poblacional de la nutria de río, es decir, estudios biológicos de base de un gran alcance en territorio y tiempo, que corresponden a estudios amplios que deben ser hechos por el Estado. Eso sí, recalca que no de debe perder la mirada de promoción de la inversión en los estudios que evalúan los recursos y posibilidades de los territorios.
“En algunos momentos la inversión privada puede apoyar al Estado, pero no es su responsabilidad generar información de base”, asegura.
COMPROMISO
La bióloga Gushiken reconoce los avances en la normativa ambiental de cara a la promoción de las inversiones, pero señala que todos los grupos de interés en torno a los EIA tienen que comprometerse a generar las condiciones para realizar estudios que sean útiles. “Se ha afinado mucho la normativa. El Estado está avanzando y debe mantener esa mirada de la promoción de la inversión con el cuidado ambiental”, concluye.