Por César Gutiérrez
El gobierno ha reconocido que de hacerse todos los actos administrativos a tiempo, el Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del País (SITGAS), antes conocido como Gasoducto Sur Peruano (GSP), tendría su puesta en operación comercial, en el segundo semestre del 2025, hecho que pronostiqué públicamente el año pasado.
Al ritmo de crecimiento de la demanda eléctrica, que es del orden de 4.1% anual, desde fines del próximo año será necesaria la operación de las plantas existentes en Mollendo e Ilo, que conforman el Nodo Energético del Sur. En vista que no habrá suministro de gas por gasoducto, tendrán que operar a petróleo diesel cuyo costo variable total de producción es no menor a 192 dólares por cada megavatio hora (US$/MWH) generado, cifra excesiva comparada con el costo máximo que se puede llegar en una operación eficiente, en una central de carbón, que es de 40 US$/MWH.
Por más que se promocione las energías renovables, las nuevas centrales no estarán operando antes de fines del 2021.
Por más que se promocione las energías renovables, las nuevas centrales no estarán operando antes de fines del 2021. Una posibilidad es el suministro de gas natural (GN) por medio de unidades de almacenamiento y regasificación marítima (FSRU), que implicaría un costo del orden de 71 US$/MWH. Es decir, más costosa que el valor actual, en 78%, pero menor en 63% respecto a la producción en diesel.
El suministro de GN que en este caso será licuado, podrá provenir de Trinidad Tobago o de la Planta de Licuefacción de Pampa Melchorita, ubicada en el Km 172 de la Panamericana Sur. Corresponderá al gobierno tomar la iniciativa inmediatamente para definir un esquema de abastecimiento.
No es el único problema que afronta el SITGAS, en paralelo tiene el procedimiento iniciado en el CIADI, por la española Enagas, que reclama el reembolso de su 25% del valor contable neto de los bienes del GSP, que corresponde a su participación en el Consorcio GSP. De ganar el proceso, la probabilidad es altísima, también tendrá que reconocerse las participaciones de Odebrecht Latinvest y Graña y Montero, que en conjunto tienen el derecho por el 75%.
De licitarse el SITGAS y otorgarse la buena pro, ¿que se hará con la infraestructura del GSP, cuyo valor mínimo es de 2,044 MMUS$ a resarcirse en el 2022, fecha posible del laudo en el CIADI?
César Gutiérrez es director en utilitiesperu.com