Los límites del libre mercado con el gas natural

Por Jorge Manco Zaconetti

En verdad, la propuesta boliviana de sacar el gas natural que administra, comercializa tanto interna como externamente al 100 % la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha descolocado al gobierno peruano por una serie de razones, llevando al límite las características de un modelo de “libre mercado” en el sector de hidrocarburos, que se ha instaurado en nuestro país, con dictadura, alta dosis de corrupción y precios abusivos en los combustibles.

Lo que está en crisis y en cuestión es el modelo de “libre mercado” donde supuestamente el libre juego de las fuerzas de la oferta y demanda resulta el mejor asignador de recursos, para determinar los precios. Ello no resulta válido en el sector de hidrocarburos por experiencia e historia.

Hemos señalado que sería un absurdo, un contrasentido que nuestro país teniendo en el subsuelo más reservas probadas que nuestro vecino del altiplano, en petróleo y gas natural tenga que consumir el gas natural boliviano, sea en Puno, u otras regiones del sur peruano.

Si bien el otro combustible comercial como el GLP que se vende en balones o bombonas de 10 kilos tiene un pasado fáctico ligado al contrabando, en los últimos tiempos se compra el GLP boliviano, que se envasa y comercializa en el sur, pues hemos transitado de ser autosuficientes a importadores en dicho combustible, que se vende a precios de abuso por encima de los S/ 40 soles el balón, y en Puno a mitad de precio.

Todos debemos reconocer que existen una serie de graves distorsiones en la determinación del precio de un balón  de GLP pues a un precio de S/ 22 soles por un balón de 10 kilos, que incluye precio de refinería más impuestos se tenga que vender por encima de los S/ 38 hasta S/ 45 soles en las provincias del sur y norte del país.

De allí, la simpatía el interés de los gobiernos regionales por contar con energéticos más baratos en relación a los precios vigentes en el mercado peruano. Sin embargo, el problema de fondo es mayor, es histórico en relación al modelo de explotación de los recursos naturales.

Libre mercado o racionalidad estatal
En un lenguaje simplificado se puede decir que estamos frente a las contradicciones de un modelo estatista, populista dirían algunos como el de Evo Morales frente a un modelo liberal, de “laissez faire, laissez passer” en el sector de hidrocarburos, que se instauró en el Perú desde la Constitución de 1993 y la ley de hidrocarburos que asume los principios del libre mercado y que los precios se determinan por la oferta y demanda, cuando en verdad rigen las leyes del mercado oligopólico, donde pocas empresas, las más fuertes concertan y controlan el mercado.

En esa lógica llevada al extremo, las autoridades del gobierno peruano no podrían impedir las inversiones bolivianas en nuestro país, de abastecer con seguridad y respeto al medio ambiente a precios atractivos el gas natural  (GN) y el gas licuado de petróleo (GLP) en el mercado peruano.

Legalmente YPFB no tendría ningún impedimento, pues cualquiera que tenga los capitales necesarios y dispuestos puede explorar y explotar hidrocarburos, transportar, refinar, distribuir de forma mayorista y minorista combustibles, según la ley de hidrocarburos que rige en nuestro país.

Es más, en la fase de transporte cualquier empresa puede construir redes, ductos, gasoductos, tanques de almacenamiento, contando con la autorización o permiso del ministerio de Energía y Minas, que no podría jurídicamente obstaculizar ni discriminar las inversiones así provengan de un país como la Bolivia de Evo Morales.

Empresas estatales en el sector
Se debe tener presente que en nuestro país en el sector energético operan una serie de empresas estatales de terceros países sin mayores problemas. Aquí un breve recuento.

En las operaciones del noroeste en Talara (Piura) la empresa estatal china CNPC explota el crudo y gas del lote X el más importante en la región. También tiene bajo su responsabilidad el 46 % del lote 57 y el 100 % del lote 58 todos ubicados en el Gran Camisea. Por tanto, si el gasoducto del sur demanda gas, el abastecimiento debe ser negociado con la empresa CNPC, que tiene la sartén por el mango.

Es más, en el denominado Consorcio Camisea forma parte la petrolera estatal argelina Sonatrach con el 10% de las acciones.

También la empresa china SAPET filial de la estatal CNPC explota el lote petrolero VI/VII en Talara. Igualmente en la región del norte en el Zócalo Continental opera el consorcio SAVIA que está integrado por dos empresas estatales petroleras, Ecopetrol de Colombia y KNOC de Corea del Sur

Por último, en la empresa eléctrica ENEL GENERACIÓN la empresa eléctrica más importante del mercado en la generación en cuanto a potencia (Edegel) y distribución con ENEL Distribución la que antes se denominaba Edelnor, el estado  italiano retiene directamente e indirectamente el 30 % de las acciones por medio del ministerio de economía y finanzas de dicho país.

Como se podrá observar el gobierno peruano no podría legalmente limitar o impedir la presencia de la petrolera boliviana YPFB sin quebrar los principios de los dogmas del libre mercado, para empezar, pues ya existe presencia estatal de terceros países en el mercado peruano de hidrocarburos y de energía.

¿Con quién negociar?
Desde el punto de vista de una relación de gobierno a gobierno, mientras los representantes bolivianos tienen capacidad de decisión pues la empresa petrolera YPFB es la responsable del 100% de la comercialización de los hidrocarburos, en cambio en nuestro país el propietario de las moléculas sobre los hidrocarburos son las empresas transnacionales, que deciden en última instancia.

De allí, que lo efectivo, real y concreto es que las empresas transnacionales, como Repsol de España, Hunt Oil de USA, SK de Corea del Sur, Sonatrach de Argelia, Pluspetrol de Argentina, CNPC de China Popular, no verían con buenos ojos la presencia de un competidor estatista, a menos que se allane al modelo extractivista de libre mercado, con precios abusivos, sin subsidios y ganancias oligopólicas.

Por ello, el estado peruano debe recuperar la soberanía, la capacidad de decisión y la propiedad sobre los hidrocarburos, para masificar la cultura del gas a lo largo y ancho del país. En el mismo sentido, con la propiedad sobre “las moléculas” el estado podría decidir qué reservas podían destinarse al mercado interno y a la exportación,  cuántos volúmenes de gas natural, y de los lotes que alimentarían el gasoducto del sur peruano, para llevar energía barata al sur del Perú.

Así, millones de peruanos en lugar de abonar S/ 40 soles más o menos por un balón de GLP de 10 kilos, pagaría a lo sumo S/ 15 soles mensuales por el gas natural equivalente. Esto sería una realidad gracias a la masificación de la cultura del gas natural.

Igualmente con la soberanía plena sobre los hidrocarburos, el estado peruano podría decidir lo más conveniente a los intereses del país, si seguir quemando gas natural en la generación eléctrica o industrializar este recurso para producir urea un excelente fertilizante necesario para la agricultura, o producir el nitrato de amonio, explosivo indispensable en la exploración minera, productos necesarios que por ahora importamos.

Es decir, el estado peruano con la soberanía plena sobre los recursos naturales, retribuyendo a las empresas de hidrocarburos que se convertirían en contratistas por medio de los “contratos de servicios”, podría apostar por las políticas de valor agregado, para monetizar y capitalizar el país a partir de un recurso como el gas natural, adoptando como ejemplo lo mejor de la experiencia boliviana.

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Jorge Manco Zaconetti es economista de la UNMSM.