Por: Manuel Romero Caro. Economista
El ministro de Energía ha anunciado que en noviembre la consultora internacional contratada para determinar cuál es la mejor solución técnica y económica para llevar gas al sur presentará su recomendación sobre la alternativa a seguir.
Ha explicado que existen tres alternativas: 1) seguir el trazo original (ducto que conecta las Malvinas hasta Moquegua); 2) otra sería un ducto por la costa; y 3) llevar el combustible licuefactado (cabotaje) hasta el sur, y en un puerto de esa zona regasificarlo y conectarlo con las redes de los distribuidores.
Considerando que el fracasado proyecto de Odebrecht (Odb) estuvo plagado de graves irregularidades (y en mi opinión de algunos delitos), como estar groseramente sobredimensionado sin siquiera contar con un estudio de mercado; que diversos colaboradores eficaces han denunciado que la representante legal de Odb se reunía, antes del otorgamiento de la buena pro, con los funcionarios de ProInversión encargados de la licitación, resulta indispensable que este nuevo proyecto sea lo más transparente posible. Asimismo, hay que tener en cuenta que el informe de la comisión Lava Jato, que ya ha sido aprobado por el Congreso, en el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP) ha recomendado denunciar a 27 personas, entre ex funcionarios públicos y privados. Al expresidente Ollanta Humala y a nada menos que a nueve exministros nacionalistas por infracción constitucional, y a Nadine Heredia por lavado de activos, entre otros. Lo cual estaría confirmando las numerosas denuncias que desde el segundo semestre del 2014 venimos efectuando en diversos artículos publicados por Gestión.
A más transparencia, menos corrupción. De lo que se trata es de explicar claramente a la ciudadanía las ventajas de la alternativa que se escoja.
Por lo que se espera que el presidente Vizcarra, quien ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal bandera política, disponga la publicación en Internet del análisis costo-beneficio realizado para escoger la alternativa que el Gobierno decida seleccionar, así como de los otros estudios que se realicen.
A más transparencia, menos corrupción. De lo que se trata es de explicar claramente a la ciudadanía las ventajas de la alternativa que se escoja. Por ejemplo, ya el ministro de Economía, Carlos Oliva, ha anunciado que el nuevo ducto al sur no requeriría de financiamiento del Estado. Asimismo, hay que explicar si el nuevo proyecto va a requerir subsidios.
Si este fuera el caso, ¿a cuánto ascenderían los mismos?, ¿por cuántos años tendremos que subsidiar?, ¿el concesionario contará con el sistema de ingresos garantizados?, ¿ya se cuenta con las reservas de gas que serían transportadas por el nuevo ducto? Y las demás características que lo diferencien del GSP.
Otro aspecto a tener en cuenta es la duración del periodo de concesión. En este sentido, hay que considerar la velocidad a la que avanza la tecnología de las energías renovables, la disminución de sus costos, y la competitividad que a futuro le significarán al gas. Sobre este tema, hay que considerar que el Informe Global sobre las perspectivas en energía correspondiente al 2018, elaborado por McKinsey, informa que el 2016 fue el primer año en el que las adiciones netas de energía solar y eólica superaron al carbón y al gas.
Que las nuevas fuentes de energía renovable para el 2030 en algunos mercados se volverán más baratas que incluso las centrales de ciclo combinado (las más eficientes). Por lo que las condiciones en que se negocie la concesión hoy definitivamente cambiarán significativamente en el plazo de la misma. Lo cual se deberá tener en cuenta al negociar los plazos de la respectiva concesión. Asimismo, como un argumento utilizado por el Gobierno de Humala para llevar adelante el GSP fue el de asegurar la seguridad energética con la redundancia en la zona de selva, sería bueno que se informe cuánto de ese tramo avanzó Odb, y en qué estado se encuentra. Estaremos alertas a los respectivos anuncios.