Quiero creer que el Estado es promotor de las RER

Por: Brendan Oviedo.

El socio en Hernández & Cía Abogados ofreció una visión pragmática sobre los problemas y barreras que enfrentan los inversionistas en el desarrollo de proyectos RER en nuestro país.

¿Qué debemos hacer para viabilizar el financiamiento de proyectos RER? Hemos estado involucrados, desde la primera subasta, en esa gestión. Gracias a esa experiencia, cuatro elementos íntimamente relacionados en el financiamiento de proyectos con recursos energéticos renovables (RER): Los desarrolladores de proyectos, el Estado, las fuentes de ingreso y las entidades financieras.

desde la Ley de Concesiones Eléctricas de 1992 no hay una política energética.

Todo proyecto necesita un desarrollador con credibilidad. Los bancos revisan al detalle quiénes son los accionistas del futuro prestatario, y toda la información relevante relacionada con el proyecto RER.

El Estado es el elemento más importante. El decreto legislativo 1002, Ley de Promoción de las RER, busca promover estos proyectos. Mi impresión es que el Estado debería priorizar su apoyo dentro del marco de una política energética que busque la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico. Casos que ponen en duda ese apoyo es la demora en la aprobación de la regulación que permita modificar las fechas de puestas de operación comercial (POC) de los contratos de suministro adjudicados en la tercera subasta RER y el reconocimiento de potencia a las tecnologías eólicas y solares.

Respecto a la modificación de la POC, la situación es difícil por la complejidad introducidas en los contratos de suministro. En las primeras dos subastas, estos eran muy sencillos y flexibles frente a los plazos asociados al desarrollo de proyectos y a la participación del Estado en los mismos, es decir, respecto a demoras en la otorgación de permisos y licencias. Es decir, los contratos de la tercera subasta no permiten postergar la fecha de puesta en operación comercial a una posterior al 31 de diciembre de 2018, por ninguna causa.

Para percibir los ingresos preferenciales acordados en un contrato de suministro adjudicado en una subasta RER, el inversionista debe cumplir con hitos que dependen de los permisos que el Estado otorga. El apoyo del Estado en la promoción del desarrollo de los proyectos RER debe darse con el cumplimiento de los plazos para el otorgamiento de los derechos necesarios para el desarrollo de los proyectos RER.

Volviendo a la fuente de ingresos, en nuestras primeras subastas RER los precios fueron altos. Ya en la tercera bajaron, reflejando la reducción sustancial de los costos de capex. Pero, no he visto un proyecto de generación RER que haya sido totalmente bancado sin contrato. Esto se explica por la variabilidad del precio en el mercado de corto plazo y la intervención regulatoria en el mercado eléctrico. Si no se ha dado es porque los bancos ven muy riesgoso financiar un proyecto con exposición a la variabilidad del costo marginal. Lo que sí hemos visto son proyectos donde el consumidor invierte en generación con RER para satisfacer sus propias necesidades de consumo eléctrico.

…. Se interpretan las reglas del contrato en prejuicio de los concesionarios.

Algo muy relevante es que desde 1992 (año en que se aprueba la Ley de Concesiones Eléctricas) no hay una política energética. Sin ella, no habrá promoción adecuada de las renovables. Se debe establecer qué queremos favorecer. La renovables son energías de largo aliento, con un costo por el recurso igual a cero, y disponible por un tiempo ilimitado. La geotermia es una opción interesante, que ya debería explorarse. También las hidroeléctricas, que tenemos en abundancia, pero hay que determinar cómo el cambio climático afectará las reservas de agua y el ciclo de lluvias. Tenemos que articular un plan de acción con información objetiva y sustentable. En las renovables, hay que evaluar si se mantienen las subastas y quién se va a beneficiar, así como las alternativas para reducir las primas para favorecer a los usuarios.

En mayo del 2017, Osinergmin identificó hacia dónde va nuestro sistema eléctrico. El estudio, disponible en su web, propone mejoras al mecanismo de las licitaciones para la contratación de suministros eléctricos y resalta la eficiencia de introducir licitaciones diferenciadas para demanda existente y futura, segmentación en bloques, entre otros, con un esquema de licitación similar al implementado en Chile. Al hacer competir proyectos renovables contra proyectos de otras tecnologías, vemos poco probable que los precios que propondrían las tecnologías eólicas y solares sean mejorados.

Sobre las entidades financieras, es importante que ellas conozcan al detalle lo que implica desarrollar estos proyectos y cuáles son realmente los riesgos derivados de su desarrollo. Para dichas entidades el contrato de suministro adjudicado en subastas RER en totalmente financiable. Sin embargo, el talón de Aquiles del financiamientos es la exigencia. por parte de las entidades financieras, de derechos necesarios para su desarrollo, particularmente estudios ambientales y predios, donde tiene una directa injerencia el Estado. Es necesario avanzar con los bancos en las negociaciones del financiamiento con mucha transparencia y explicándoles cuáles son los riesgos a fin de que se pueda trabajar la obtención de los desembolsos con predictibilidad.

Volviendo a la situación de los proyectos con contratos RER adjudicados en la tercera subasta, si bien habrá quienes no han avanzado en el desarrollo de sus proyectos, otros han invertido millones de dólares, recibido financiamiento y los bancos ahora se preguntan qué hacer. Se comenta que el Ministerio de Energía y Minas sacará un decreto supremo que modificará el artículo del reglamento que prohíbe modificar la puesta en operación después del 31 de diciembre de 2018. Además, otros ya iniciaron arbitrajes. Esta situación pudo ser resulta hace mucho tiempo.

En caso se implemente una solución en los próximos dos meses no será sólo un golpazo a la promoción de las RER sino a toda la inversión de proyectos de infraestructura en el Perú. No se están cumpliendo contratos, se están interpretando las reglas del contrato de una manera prejuiciosa para con los concesionarios y desarrolladores del proyecto. Cualquier inversor lo va a pensar dos veces.

Dudo que el Estado peruano se lo tome a la ligera y no implemente una solución que resuelva el mencionado problema, ya que lo ha realizado en el pasado.