La cambiante situación política nacional condiciona seriamente un debate inaplazable sobre el futuro del petróleo en el Perú. El 31 de octubre del año 2018 se recordará como el día en que la sucesora de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, fue sentenciada a 36 meses de prisión preventiva bajo la acusación de dirigir una organización criminal para delinquir, enquistada en el partido político Fuerza Popular. En este sentido, en el Congreso peruano existe una mayoría perteneciente a un partido político cuya cúpula está acusada de actividades delictivas dirigidas a obtener financiación ilegal para capturar el poder. En este ambiente nauseabundo y pestilente del Congreso peruano se pretende aprobar la Ley de Hidrocarburos, promovida precisamente por representantes de un partido político deslegitimado y con un capital político ínfimo, después de los resultados de las últimas elecciones regionales. En este sentido, la primera reivindicación de los diferentes actores implicados en las actividades petroleras es la paralización de la discusión de la propuesta existente en el Congreso, que sólo representa la visión de las empresas privadas petroleras; y la realización de un debate nacional sobre el futuro de las actividades petroleras en el Perú, enmarcado en una propuesta de transformación del modelo energético actual a largo plazo hacia un modelo renovable y respetuoso con el medio ambiente. Sería realmente un absurdo que un Congreso, deslegitimado por una mayoría parlamentaria perteneciente a un partido político, cuya dirección nacional es acusada de conformar una organización mafiosa para delinquir, pueda simplemente discutir una ley sobre hidrocarburos, y menos aún aprobarla. Las organizaciones sociales de la Amazonía peruana y los gremios de pescadores artesanales deberían exigir el archivo del actual formato de la Ley de Hidrocarburos, aprobada por dictamen en mayoría de Fuerza Popular en la Comisión de Energía del Congreso. En un periodo de convulsión política y deslegitimación de partidos políticos es necesario iniciar una discusión nacional seria y desapasionada sobre el futuro del petróleo en el Perú.
Los Principales Temas de un Debate Inaplazable sobre el Petróleo
Los temas más importantes a discutir sobre la continuación de la exploración y explotación de petróleo en el Perú son:
-
El reforzamiento empresarial de PetroPerú, que permita rentabilizar en corto plazo, la gran inversión realizada en la reconstrucción de la refinería de Talarapor el Estado peruano; y a largo plazo, la reconversión de la refinería de Talara en una biorrefinería, que aproveche los recursos y residuos biomásicos de la agroindustria del norte del Perú para la obtención de biocombustibles de tercera y cuarta generación, garantizando el normal funcionamiento de actividades económicas tan importantes para el país como el turismo, la defensa y seguridad nacional, la agricultura, la pesca y el transporte aéreo y marítimo. En este sentido, los lotes petroleros con contratos con fecha de vencimiento, en la próxima década, deberán pasar indefectiblemente a propiedad de PetroPerú, e iniciar un proceso de licitación internacional que considere la participación de la empresa petrolera estatal peruana en laexplotación de los lotes de Talara, agrupados en un único macro lote. La opción contractual más ventajosa para PetroPerú es el contrato por servicios en lugar de los nefastos contratos de concesión, que permita a la empresa estatal petrolera captar una importante renta petrolera en un periodo futuro de elevados precios internacionales del crudo y rentabilizar la inversión estatal en la refinería de Talara. Asimismo, es importante indicar que en este periodo de fase terminal de la producción de petróleo en Talara, se debe garantizar que los verdaderos beneficiaros de la explotación sean las regiones de Tumbes y Piura. El aumento de la renta petrolera de PetroPerú deberá ir en paralelo a un aumento del canon y sobrecanon para satisfacer las principales necesidades de las poblaciones de ambas regiones del norte del Perú: agua, salud, educación, conectividad así como el asentamiento de las bases de una economía post-petróleo. La reconversión de la refinería de Talara en una biorrefinería es un elemento importante en una economía regional post-petróleo y amerita una discusión aparte.
-
El establecimiento de una moratoria en exploración de recursos petrolíferos en la selva y en el mar peruanos mientras no se proceda a la remediación medioambiental y socio-económica efectiva de los territorios de la selva peruana, que han sido gravemente afectados y contaminados por la actividad petrolera, así como al establecimiento de zonas de reserva para la protección de la biodiversidad del mar peruano, y que a largo plazo permitan la prohibición de actividades de exploración y explotación petrolera en el mar de Grau, priorizando la actividades económicas de pesca artesanal para consumo interno. Una de las promesas más promocionadas y repetidas de las empresas petroleras, estatales y privadas, es que el aumento de la producción de crudo en la selva implicará un incremento del canon y sobrecanon y, por tanto, la reducción de los niveles de regalías es una condición previa para mayores inversiones y un aumento de la producción nacional de crudo. En un periodo de elevados precios internacionales del crudo, la reducción de las regalías sólo favorece el apetito empresarial de ganar más a costa del abandono de las comunidades amazónicas. Las comunidades amazónicas en decenas de años de exploración y explotación petrolera no se han visto beneficiadas por esta actividad económica. Al contrario, sus territorios y su relación ancestral con los bosques selváticos y entorno natural se han visto seriamente afectados por la llegada de foráneos, que no sólo traen una cultura y costumbres ajenas sino, además, visiones, percepciones culturales y valores éticos adversos a las de las comunidades amazónicas, dueñas de esos territorios. La remediación de los pasivos medioambientales asociados a la explotación de los Lotes 8 y 192 y a la exploración de los Lotes 39, 64, 67 y 95 deberá plantearse como una condición previa innegociable antes de iniciar el proceso de consulta previa y consentimiento vinculante por parte de las comunidades amazónicas para la continuación de las actividades de exploración y explotación de los lotes antes mencionados. Asimismo, la continuación de la explotación de los Lotes 8 y 192 deberá estar condicionado a un plan de cierre de explotación a largo plazo, siempre y cuando los beneficios económicos de la extracción de los recursos petrolíferos existentes en esos lotes revierta a solucionar las necesidades básicas de las comunidades amazónicas y establecer las bases de una economía post-petróleo en los territorios con explotación petrolera.
-
En paralelo a los puntos anteriormente descritos, las comunidades amazónicas deberán exigir la discusión y aprobación de una Ley de Ordenamiento Territorial para las naciones originarias de la Amazonía peruana, que les garanticecapacidad de decisión libre e informada sobre la explotación de los recursos naturales existentes en sus territorios. Sin la existencia de gobiernos autónomos en territorios legalmente constituidos, las naciones amazónicas no podrán ejercer su derecho a la consulta y consentimiento previo, que les permita rechazar actividades económicas, como la búsqueda y extracción de petróleo, la tala de los bosques y la explotación minera, y promover una economía sostenible, basado en el respeto y protección de la naturaleza. La experiencia de más 40 años de explotación petrolera no se ha reflejado en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades amazónicas.
-
Finalmente, el reforzamiento empresarial de PetroPerú, la moratoria de exploración de recursos petrolíferos, en la selva y en el mar peruanos, y el cierre programado de la explotación de los Lotes 8 y 192, así como la aprobación de una Ley de Ordenamiento Territorial para las naciones originarias amazónicas deberán estar integrados en una estrategia nacional de despetrolización de la economía peruana, que reduzca significativamente el consumo de derivados de petróleo en las actividades económicas del país,especialmente en el transporte terrestre, publico y privado. Asimismo, se deberán minimizar las actividades de exploración y explotación petrolera, dirigidas prioritariamente a la obtención de una renta petrolera, que priorice la satisfacción de necesidades básicas de las comunidades amazónicas y establezca las creación de las bases de una economía regional post-petróleo sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Conclusiones
El Estado peruano no dispone de una estrategia seria a largo plazo de transformación del modelo energético actual, basado en la ingesta petróleo y gas natural. Los planes energéticos actualmente en vigor, elaborados por el Ministerio de Energía y Minas, insisten en mantener a la economía nacional en una absurda dependencia de los hidrocarburos fósiles en las próximas décadas, implicando un innecesario riesgo al bienestar y prosperidad de las futuras generaciones de peruanos. En este sentido, la discusión y aprobación de la Ley de Hidrocarburos en el deslegitimado Congreso del Perú, con una mayoría parlamentaria, cuya cúpula está acusada de acciones mafiosas delictivas, no proporciona las garantías que sea una ley que realmente responda a los intereses del Perú y de las naciones que conviven en territorio del Estado peruano. Una Ley de Hidrocarburos que desvela la falta de perspectiva del Estado peruano en iniciar un proceso de transformación energética, basado en la despetrolización de las principales actividades económicas, entre ellas el transporte por carretera, en las ciudades y entre ciudades, público y privado, de personas y mercancías. La ley de Hidrocarburos en su versión actual sólo beneficia a un pequeño grupo de empresas, cuyos contratos finalizan en la próxima década, y que desde el inicio del proceso de privatización de las actividades petroleras en el Perú sólo se ha dedicado a extraer el petróleo de lotes con reservas probadas, sin invertir en actividades de exploración que aumenten las reservas probadas del país. El fracaso de la privatización de las actividades de exploración y explotación del petróleo del Perú no se merece un premio de ampliación indefinido de contratos, que exigen las empresas privadas, sin previamente proceder a una efectiva remediación medioambiental y socio-económica de los territorios afectados por la extracción petrolera en la selva del Perú.
Por otro lado, actualmente, se prevé un nuevo periodo de elevados precios internacionales del petróleo que permitirá al Estado peruano obtener un aumento del valor de las regalías gracias a una coyuntura internacional propicia, más no por un aumento de inversiones de las empresas privadas o por la implementación de proceso de innovación tecnológica en las actividades de exploración y explotación. En lugar por preocuparse por el fortalecimiento empresarial de PetroPerú, el Estado peruano desde Perúpetro y el Ministerio de Energía y Minas, en collera con asesores y representantes de las compañías y asociaciones del sector petrolero, se dedican a difundir los intereses de las empresas privadas en el negocio petrolero, sin preocuparse por el bienestar y prosperidad de los pueblos amazónicos o por riesgo medioambiental y socio-económico que pueden implicar las actividades de exploración y explotación de los recursos petroleros en el mar peruano para las actividades pesqueras del país, y en especial para los pesqueros artesanos.
Un país que aspira a tener una economía moderna y diversificada no debe pretender continuar con un negocio que implica graves riesgos medioambientales y socio-económicos para las comunidades amazónicas y para los pescadores artesanales, especialmente, para la costa noroeste del Perú. Un negocio que no reporta significativos beneficios económicos a las poblaciones dueñas de los recursos energéticos fósiles y que ponen en peligro su existencia propia, debido a los derrames y contaminación de sus territorios sin recibir una debida reparación económica, además de una remediación de los impactos. En este sentido, la aprobación de una Ley de Ordenamiento Territorial garantizará a las comunidades amazónicas realizar un proceso de consulta y consentimiento previo, libre y consensuado, sobre la realización de actividades extractivistas, así como establecer políticas de desarrollo sostenibles y respetuosos con el medio ambiente en sus territorios legalmente establecidos en la anteriormente mencionada Ley de Ordenamiento Territorial.
Finalmente, un proceso de transición energética del modelo energético fósil actual hacia un modelo renovable y sostenible a largo plazo deberá centrarse en la electrificación del sistema de transporte urbano, y por tanto, en la reducción del consumo de derivados de petróleo. Una significativa reducción del consumo de derivados de petróleo permitirá atenuar la brecha de producción-importación, afectando al nivel de dependencia exterior existente actualmente de un recurso fósil escaso en el país y minimizando el impacto de incrementos temporales del precio internacional del crudo sobre las actividades económicas del Perú. El objetivo máximo es consumir el mínimo volumen de derivados de petróleo en el sector transporte y sustituir el consumo de petróleo en sectores como la pesca, el turismo, la agricultura, la defensa y seguridad nacional por biocombustibles de tercera y cuarta generación en biorrefinerías que permitan aprovechar cultivos energéticos y residuos de la agroindustria y ganadería a lo largo y ancho del país.
La existencia futura de PetroPerú ya no está asociada con la extracción de petróleo sino en la correcta evaluación y análisis de las tendencias internacionales del sector petrolero internacional y del proceso de innovación tecnológica para la sustitución de derivados del crudo por biocombustibles. El proceso de electrificación de las principales sectores consumidores de petróleo: el sector doméstico, industrial y transporte es uno de los pilares del proceso de transformación del modelo energético, y en este sentido, la integración de PetroPerú y ElectroPerú es un tema de discusión ineludible en el futuro no muy lejano.