La necesidad de modificar la Ley de Hidrocarburos es consecuencia de la difícil situación que atraviesa la industria petrolera internacional por la caída del precio de los hidrocarburos ocurrida a finales del año 2014; y en el caso particular del Perú, agravada por la declinación de sus reservas y de su ya reducida producción.
El mundo petrolero es esencialmente competitivo. Atraer inversiones de riesgo no es tarea fácil. La primera evaluación que hacen las empresas petroleras cuando estudian un posible destino de sus inversiones se refiere a la relación rentabilidad/riesgo. Entre dos países con igual riesgo, preferirán ir al que ofrezca mayor rentabilidad; y entre dos países con igual rentabilidad, preferirán el de menor riesgo. El riesgo total es la suma de diversos tipos de riesgo como el geológico, exploratorio, de productividad, de precios, socio ambiental, de inestabilidad jurídica, de inseguridad, entre otros.
La caída del precio del crudo trajo consigo una drástica contracción de la exploración a nivel mundial y la suspensión de actividades de producción que se volvieron antieconómicas. La mayoría de los países reaccionaron adoptando medidas para atenuar esos efectos. En Argentina se estableció el barril criollo con el que se reconocía al productor 67.50 U$/Bl, con tal que los productores no bajen la producción. En Colombia se creó un incentivo para la producción incremental aplicándole una regalía mínima de 8%; se redujo el 25% del impuesto a la renta para operaciones “offshore”; se estableció el Certificado de Reintegro Tributario; y se estableció el traslado de obligaciones entre lotes, para evitar la terminación anticipada de contratos. En otras partes del mundo se tomaron medidas similares o incluso más atrevidas como el “royalty holiday” o “tax holiday”, por los cuales se deja de pagar regalías o impuestos, por un determinado período.
En el Perú no hubo reacción. Nuestra producción ha llegado a 40mil barriles diarios, el nivel más bajo de su historia. Las reservas probadas de petróleo apenas alcanzan los 400 millones de barriles equivalentes a 4 años de consumo. En tres años, perdimos 240 millones de barriles de reservas probadas, sin haberlas producido. En resumen, si ya habíamos dejado de ser competitivos hace más de 10 años, la caída del precio del crudo nos terminó de hacer tocar fondo.
Y no es que la Ley de Hidrocarburos haya sido una mala Ley. Durante su vigencia se generó canon por 9,000 millones de dólares, se perforaron 2,458 pozos, se invirtieron 17,600 millones de dólares, se pagaron 17,000 millones de dólares de regalías, se incrementaron reservas probadas en 830 millones de barriles, se produjeron 791 millones de barriles de petróleo, se firmaron más de 150 contratos, se descubrió hidrocarburos en los lotes Z-1, Z-6, XIII, 39, 64, 67, 95, 126, 131, y gas en los lotes 57 y 58; y que hoy se registran como reservas.
No obstante todo ello, es urgente actualizar la Ley de Hidrocarburos para adaptarla al nuevo orden petrolero mundial. Si mantenemos las condiciones de contratación ahora vigentes, lo único que lograremos es que las inversiones se sigan yendo a otros países y que nuestras reservas de hidrocarburos y producción, continúen cayendo.