Trabas en la masificación del gas natural

Por Anthony Laub. Especialista en Derecho Energético.

Hablar de las bondades del gas natural (GN) doméstico, que nos permite tener agua caliente, cocinar a bajo costo y secar ropa de manera eficiente y rápida, es actualmente un tema obvio.

Pese a ser más barato que la electricidad, el GLP y el diésel, y menos contaminante y peligroso, el gas natural tiene restricciones que hacen que su consumo sea complejo: no es portátil ni fácil de conectar y requiere construir una red interna, adquirir “gasodomésticos” o adecuar aquellos que operan a GLP o diésel. Por si fuera poco, solo los predios de material noble están habilitados para consumir ese combustible.

Para expandir la red de gas natural e incorporar a la población menos favorecida, el Estado generó un subsidio para que la población vulnerable y atendible pudiera acceder a través del FISE (Fondo de Inclusión Social Energético). Con esto se ayudó a ampliar la red en Lima y Callao y llegar a más de 600,000 clientes de los segmentos B, C, D y E. Hoy, tenemos unos S/ 1,000 millones en el FISE pendientes de ser usados para llevar GN a más peruanos.

Superados los objetivos iniciales, las exigencias para el distribuidor de gas natural aumentaron. Ahora se sigue un plan quinquenal de expansión que incluye monto de inversión y número de clientes, el mismo que aprueba el Ministerio de Energía y supervisa el Osinergmin.

Expandir la red es costoso y complejo (los tubos van enterrados) y debe vencer vallas económicas (alta inversión), complejidades topográficas, trabas burocráticas de las autoridades locales, procesos administrativos que no respetan los plazos; oposición de privados y, como no, la ilegal y extendida práctica de requerir coimas para aprobar obras o agilizar procedimientos.

Para el usuario, no hay energía más cara que la que no se tiene.

Estos elementos afectan la ejecución de los planes quinquenales y obliga a realizar cambios de ruta (no de inversión ni cobertura), los mismos que no son admitidos por Osinergmin y sanciona al distribuidor con multas altas que afectan seriamente los márgenes de operación.

Con esas sanciones por hechos fuera del control de la distribuidora lo que se logra es limitar los siguientes planes de expansión y con ello la masificación.

De qué sirve multar a la empresa que se ve obligada a desviar la ruta original, sin dejar de ejecutar el monto de inversión y el número de conexiones comprometidas. Aparte del Osinergmin, que se queda con las generosas multas, quién más se beneficia con un esquema como este: nadie. Solo el Osinergmin, que es fiscal, juez y beneficiario.

Además de ilógicas y altas, las multas hacen que la operación se vuelva poco atractiva y riesgosa, y ante esto la empresa buscará mitigar su exposición y reducir los alcances de sus futuros planes de expansión a zonas o con un mayor poder adquisitivo o donde sea más fácil tender ductos. Inconscientemente, el regulador, en vez de promover el desarrollo de infraestructura, atenta contra su desarrollo.

Urge cambiar la forma de regular y fiscalizar. Así, como en su momento ideamos los incentivos correctos para desarrollar Camisea, debemos identificar aquellas prácticas que nos permitan allanar el camino para llevar gas a la población que más lo necesita. Necesitamos un regulador proactivo y promotor antes que uno reactivo y sancionador.

El regulador debe estar enfocado en proteger los intereses de los consumidores y ello no pasa por castigar a los proveedores de servicios cuando ocurra algo fuera de su control, sino en hacer que el servicio llegue a la mayor cantidad de usuarios en el menor tiempo posible. Ese debe ser el paradigma.

Para el usuario, no hay energía más cara que la que no se tiene.