El Perú no tiene (sus gobiernos “no quieren tener”) un Plan Energético de Mediano y Largo Plazo (PEMLP) que cambie la matriz energética para explotar nuestros recursos naturales.
Desde 1990, los gobiernos peruanos nos han negado una Ley Integral de Energía (LIE), que incluya a los hidrocarburos, la hidráulica y los recursos renovables no contaminantes (energía eólica, solar, biomasa). Ahora, el Congreso está por aprobar un proyecto de ley (PL) que “solo” abarca los hidrocarburos. El objetivo es favorecer a las empresas que hoy explotan petróleo. Veamos.
El Perú no tiene (sus gobiernos “no quieren tener”) un Plan Energético de Mediano y Largo Plazo (PEMLP) que cambie la matriz energética para explotar nuestros recursos naturales, de tal forma produzcamos los menos contaminantes y consumamos menos los que contaminan más, como lo manda la COP 21 de París.
Sí es posible lograrlos. Pero eso implica que los actores privados se adecúen al PEMLP y orienten sus inversiones hacia ese objetivo. El desarrollo energético no se logra con “la sumatoria de proyectos” que solo consideran su rentabilidad individual. La necesaria rentabilidad debe y puede adecuarse al cumplimiento de los objetivos de cambio de matriz y seguridad energética, como en EEUU.
Chile nos da el ejemplo con el Decreto 48 del 2015, “Energía al 2050”, discutido por el gobierno, los inversionistas privados, la academia y la sociedad civil. Una de sus metas es que, al 2050, el 70% de la energía eléctrica provenga de recursos renovables para cumplir con la COP 21. Hace una semana, el gobierno de Piñera adelantó su pronóstico: en el 2040 se llegaría al 100%, ya que la energía solar aumentó su participación del 7 al 17% del total en pocos años (1).
No es nuestro caso pues el Estado ha asumido un rol de agente negociador entre nuestros recursos naturales y los inversionistas (2). Al asumir este rol de “broker”, el Estado abandona su rol –teóricamente neutro– de defensor de la soberanía nacional, de una apropiación adecuada de la renta extractiva y de su orientación hacia los objetivos de desarrollo (incluido el energético).
El PL se disfraza, de luchador contra la permisología y la tramitología con la llamada “ventanilla única” que concede poderes discrecionales a Perupetro con dos objetivos: uno, otorgar toda clase de incentivos a los inversionistas y, dos, seguir debilitando al Ministerio del Medio Ambiente (incluido el SENACE), así como la consulta previa y la protección de la propiedad y los derechos de las comunidades indígenas.
Comencemos por Perupetro: antes los contratos de licencia, así como sus modificaciones (por ejemplo, la composición de los socios) se daban mediante Decreto Supremo, refrendado por el MINEM. Ahora el DS ya no rige para las cesiones contractuales. Eso lo aprobará el Directorio de Perupetro (Art. 17).
Los estudios de impacto ambiental son de responsabilidad del SENACE, que fue creado para que el MINEM deje de ser juez y parte (responsable de las inversiones y, al mismo tiempo, de hacer cumplir las normas ambientales). Ahora, la línea base socio ambiental la hace Perupetro en una clara interferencia al SENACE. Vamos como el cangrejo.
En México, la Ley de Hidrocarburos (2014) dice que la regulación y leyes del Medio Ambiente provienen de la Agencia Nacional de Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Capítulo 7, Art. 129) que depende de la Secretaría (Ministerio) del Medio Ambiente. Aquí “las normas de otros sectores de gobierno, que tengan incidencia en hidrocarburos, deberán contar con la previa opinión favorable vinculante del Ministerio de Energía y Minas para ser aprobados, y/o emitidos” (Art. 4). Opinión favorable vinculante, ¿para qué, ah?
Los Contratos de Licencia ya no serán de 40, sino de 60 años. Un poco más y son 100 años, como las concesiones de La Brea y Pariñas. La excusa: “eso garantiza las inversiones cuando ya va a terminar el contrato”. Mal. Eso se logra ampliando la vida útil del yacimiento por un período más corto, no por 20 años.
El verdadero objetivo del PL es éste: los que hoy explotan lotes, cuyos contratos ya terminan, también se acogerán a la ampliación de 20 años (Primera Disposición Complementaria), así como a la rebaja de regalías al 5%, con lo que peligra el canon a las regiones. Es el Estado “broker” en su máxima expresión: prorroga contratos “a dedo”, sin licitar.
De aprobarse, esta le hará mucho daño al Presidente Vizcarra y al Premier Villanueva. Cierto, la mayoría la tiene el fujimorismo y no el Poder Ejecutivo. Pero este sí debe pronunciarse y anunciar que el Perú merece una profunda discusión que impulse las necesarias inversiones para avanzar a una nueva matriz energética, que hagan realidad un Proyecto Integral de Energía.
(1) Ver https://www.pv-magazine-latam.com/comunicados/chile-el-paraiso-de-la-energia-solar/
2 Ver Patricia Urteaga, 2014, https://www.researchgate.net/publication/298004801_On_environment_The_broker_state_peruvian_hydrocarbons_policy_and_the_camisea_gas_project
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