Omisión de fundamentación legal en caso de proceso de concesión de distribución de gas natural en Piura llama la atención.

No solo la Sala Civil de la Corte Superior de Sullana ha tenido decisiones que ameritan examen por un organismo de control, en este caso el Organismo de Control de la Magistratura (OCMA); en el contencioso administrativo relacionado a la restitución a la empresa Gastalsa, de la concesión de distribución de gas natural (GN) en el distrito de Pariñas, provincia de Talara en la región Piura. También amerita que se haga lo propio, con lo actuado por el  Contralor General de la República, Nelson Shack Yalta, cuya laxitud, va en contrasentido a la imagen de eficiente tecnócrata, con la que lo presentó ante el Congreso de la República, su mentor, el expremier Fernando Zavala.

En octubre del año pasado, el Contralor informó al congresista Alberto Oliva Corrales (Oficio N° 01504-2017-CG/DC), sobre la realización de un examen sobre la procedencia del proceso de concesión de distribución de GN por solicitud de parte de la empresa Gasnorp SA, propiedad de la colombiana Promigas, para la región Piura. Dado el contexto que había en curso desde mayo del 2011, un contencioso administrativo iniciado por la empresa Gastalsa, por la restitución de la concesión de distribución de GN en el distrito de Pariñas. Es más, se cita en la misiva firmada por el Contralor, que el análisis se realizará sobre la aplicación del artículo 139 acápite 2 de la Constitución Política del Perú y en concordancia con el segundo párrafo del artículo 4 del Decreto Supremo 017-93-JUS, que es el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La celeridad de opinión de la Contraloría General de la República (CGR) era primordial
Dado que desde abril del 2017 había una apelación ante la Sala Civil de la Corte Superior de Sullana, de parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Osinergmin, a la sentencia emitida en marzo del mismo año por el Juzgado Civil Transitorio de Talara, en el que se restituía la concesión a la empresa Gastalsa; y que desde octubre del 2017 había una solicitud de ser parte del proceso (litisconsorte), de la empresa Gasnorp, por un supuesto derecho adquirido del Estado peruano; la opinión oportuna de la CGR era primordial.

El fondo del asunto era que si al amparo de la Constitución Política del Perú (artículo 139 acápite 2), el trámite de Gasnorp no era procedente, debía declararse la nulidad de oficio de todo lo actuado, y por tanto el litisconsorte solicitado por la empresa mencionada no era pertinente. El informe de CGR debió ser parte del expediente de apelación, teniendo en cuenta que la vista de la causa en la Corte Superior de Sullana se realizó el 28 de mayo pasado.

La CGR hasta donde se sabe no emitió opinión fundamentada entre octubre 2017 y mayo del 2018, siete meses sin pronunciamiento. Hecho inadmisible y que genera legítimas suspicacias del accionar del máximo órgano de control del estado.

Informe de Oficina de Control Institucional (OCI) del MEM no tiene rigurosidad alguna
Se sabe que con fecha 26 de noviembre del año pasado la OCI del MEM emitió el Informe de Auditoría 16-2017-2-0054, en el cual sin ninguna fundamentación legal sobre la aplicación del artículo 139 acápite 2 de la Constitución y una ligereza supina, afirma que era posible que el MEM analizara otras posibles solicitudes de concesión de distribución de GN en Piura, a pesar de existir un contencioso administrativo relacionado en la Corte Superior de Sullana.

Se supone que la CGR no podía hacer suyo este informe, sino enmendarle la plana a la OCI del MEM, dado el compromiso de análisis firmado por el Contralor Nelson Shack al congresista Alberto Oliva, el que consta por escrito en el oficio N° 01504-2017-CG/DC. Sin embargo hasta el momento no es de conocimiento público su pronunciamiento.

El accionar retardado y desconocido de la CGR debería ser materia de la misma indignación que hoy se muestra ante la actuación de miembros del Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura.