Las áreas naturales protegidas se deben establecer sobre la base de un marco normativo claro, estable y predecible que respete los derechos adquiridos de aquellos titulares que desarrollen sus actividades cumpliendo los altos estándares socio-ambientales que nuestras propias leyes establecen, afirmó el gerente general de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor.

Precisamente, la SNMPE organizó hoy el conversatorio “Las áreas naturales protegidas en el marco del desarrollo sostenible en las actividades de hidrocarburos” con el propósito de fomentar la participación y diálogo de distintos grupos en torno a esta problemática.

El tema más destacado fue el referido al DS 004-2018-MINAM que modifica las disposiciones para la elaboración de los planes maestros de las áreas naturales protegidas.

Los especialistas explicaron que esta norma deroga dos disposiciones que resultaban fundamentales para garantizar el respeto por los derechos adquiridos o preexistentes al establecimiento de las áreas naturales protegidas, y la participación del gobierno nacional en la aprobación de los planes maestros de las áreas de conservación regional, donde se establece la zonificación y, por ende, el uso del territorio.

Como resultado de dichas modificaciones ya no es necesario que los planes maestros de áreas de conservación regional cuenten previamente la opinión vinculante del SERNANP, lo que abre la posibilidad del manejo anti-técnico y político de un instrumento que por su naturaleza reviste gran sensibilidad y relevancia.

“Se está debilitando el rol del SERNANP como ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y garante de la idoneidad que debe orientar la formulación de los planes maestros y el respeto por los derechos adquiridos de los titulares que operan en dichas zonas”, comentó Pablo de la Flor, representante de la SNMPE, quien preciso además que la referida norma fue pre-publicada como hubiera sido deseable para recabar opiniones y sugerencias de los interesados.

Durante el foro, los especialistas refirieron que, con las modificaciones aprobadas, el establecimiento de zonas de protección estricta y zonas silvestres sobre predios de propiedad privada y/o que contengan derechos adquiridos o preexistentes, ya no requerirá el consentimiento escrito del titular de derecho.

“Esta derogatoria genera incertidumbre entre los titulares de proyectos o actividades productivas, y representa una seria amenaza a la inversión privada en el aprovechamiento sostenible y responsable de nuestros recursos”, anotó De la Flor.

Finalmente, se debe indicar que en el conversatorio se contó con la participación de Pedro Gamboa, director de SERNANP, quien refirió que las alianzas entre su institución y las empresas son sólidas y han demostrado que el trabajo conjunto público-privado puede funcionar bien.