La solicitud de arbitraje ante el Ciadi la presenta la empresa, en vista de que no le fue posible alcanzar un arreglo amistoso con el Estado en los seis meses de plazo que tuvo para iniciar un trato directo.
La compañía española Enagás presentó ayer una solicitud de inicio de arbitraje contra el Estado peruano en relación a la controversia relativa a su inversión en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano, cuya construcción quedara trunca, por incumplimiento del cierre financiero a inicios del 2017.
Fuentes bancarias confirmaron que en este proceso de arbitraje la empresa espera recuperar una inversión de US$ 511 millones que le correspondería como socio del consorcio, cifra que ya se había dado a conocer luego que la empresa notificó la existencia de esta controversia, para lo cual pidió iniciar un procedimiento de trato directo en diciembre del 2017.
Mediante un comunicado, Enagás indica que ha presentado la solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), y que lo hace en los términos de Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito entre la República del Perú y el Reino de España (APRI Perú-España).
Enagás explica que su decisión de iniciar este proceso, ha sido motivada porque han transcurrido seis meses desde el inicio del trato directo, previo al arbitraje, sin que haya sido posible llegar a un arreglo amistoso sobre la controversia existente.
La controversia se basa en la disconformidad de la administración peruana en reconocer la vigencia de la cláusula 20 del contrato de concesión del GSP, en el cual la empresa considera que (de su lectura de la citada cláusula), el Estado debía subastar la concesión en plazo de un año desde que culminó el contrato, es decir, antes del 24 de enero del 2018, y que con la suma obtenida deberá abonar al concesionario, hasta un máximo del valor neto contable de los bienes de la concesión.
En el comunicado emitido ayer, la referida compañía considera que recuperaría la inversión realizada en el GSP en un plazo estimado de tres años.
Fuente: Gestión