Por: Carlos Gonzáles Ávila, gerente general de Enerconsult
- No podemos tapar el sol con un dedo.
La realidad, mejor que nadie, explica por qué una parte de la comunidad no simpatiza con la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú.
Lo paradójico y preocupante es que hay oposición, tanto en zonas en las que se va a explorar, como en zonas en las que ya hay producción petrolera.
Lo que pasa con Talara podría explicar esta resistencia a las actividades petroleras.
En efecto, es imperdonable que Talara, con más de 100 años de explotación petrolera y una producción acumulada superior a los 1,500 millones de barriles de petróleo, sea un ciudad atrasada y con serios problemas en sus servicios públicos básicos.
Es irresponsable afirmar que la actividad petrolera no ha aportado ni aporta ingresos al País.
Por el contrario, la explotación petrolera le representa al Estado, importantes ingresos tanto por regalías como por impuestos directos e indirectos.
Hasta antes del desplome del precio del crudo (2014), el canon de Piura superaba los 300 MMU$ anuales.
El gran problema ha sido – sin duda -la desidia gubernamental.
No es un problema ni de los operadores, ni de Petroperú ni de PERUPETRO. El problema es la falta de presencia del Estado, traducida fundamentalmente en inversiones sociales.
Ingresos por canon han habido y los sigue habiendo, el tema es «su utilización».
¿Cuál sería la actitud de los pescadores – por ejemplo – si con los fondos del canon petrolero, se invierte en la cadena de frío?.
¿¿Acaso los pescadores no verían a la actividad petrolera con simpatía, si gracias al canon, contaran con vías de acceso, terminales pesqueros, plantas de refrigeración, muelles, etc.??
El rechazo de los pescadores, como el de otros «stakeholders» se puede revertir reconciliando la actividad petrolera con la comunidad; vía una eficiente utilización del canon y un adecuado programa de comunicación desde el Estado.
Insisto, es el momento de revisar la LEY DE CANON, específicamente la del canon de hidrocarburos.