Por: César Gutiérrez

• Una tarea más obviada por la Contraloría General de la República.

Que los biocombustibles tengan un espacio en el mercado peruano, ha significado una larga lucha de los que ilusamente hace 18 años pensamos que eran una alternativa de contribuir a mitigar el cambio climático, de generar inclusión social en las zonas rurales y de ser un cultivo alternativo a la siembra de coca. Tres años de prédica para contar con una ley y quince años para que se cumplan los objetivos.

El esfuerzo más significativo ha sido por el lado del biodiesel, pues involucra desarrollo de cultivos en la Amazonía, inversiones en plantas extractoras de aceite y de plantas de productoras. Desde un principio se tenía claro que los actores peruanos de este mercado, no recibirían nada del Estado, y que lo único que se pedía era garantías de poder actuar bajo el respeto de la libre competencia y la transparencia en las transacciones.

El primer escollo fue lidiar cerca de tres años en Indecopi (2009-2011) contra el dumping del biodiesel americano, y luego aproximadamente cinco años (2011-2016), contra el dumping del producto argentino.

En el 2017, se dan condiciones para competir, Refinería La Pampilla SA (Relapasa), comienza a adquirir a productores peruanos, hecho significativo, pues la empresa de propiedad de la española Repsol, que es una multinacional que en su organización cuenta con un “trader”, que puede hacer adquisiciones a nivel global en las mejores condiciones de calidad y precio. Es decir, el producto peruano demuestra así que es competitivo. Mientras tanto en la estatal Petroperu (PP) se van a las antípodas, las adquisiciones se hacen a productores extranjeros, supuestamente porque ofrecen mejores condiciones, lo que debe ser materia de demostración.

El mercado peruano de biodiésel

El porcentaje de biodiesel establecido a usarse en la mezcla con el diesel, según norma legal (DS-013-2005-EM), es del 5%, lo que significa en términos volumétricos cerca de 2.0 millones de barriles (MMB) anuales. Teniendo en cuenta que el precio en mercado de origen es del orden de 100 US$/barril, estamos hablando de 200 millones de dólares anuales (MMUS$), los que son cubiertos casi en su totalidad por las empresas Relapasa y PP.

Estas son las cifras que los productores nacionales se tienen que disputar con los importadores, bajo las reglas de libre mercado y transparencia. Para nuestros connacionales es muy significativo, pues existen cerca de 7,300 familias dedicadas a la actividad, que cultivan 86,000 hectáreas (Ha). Es importante resaltar que nos estamos refiriendo a zonas rurales amazónicas de las regiones de: Loreto, San Martín, Ucayali y Huánuco.

Los procesos de competencia de Petroperú

La petrolera estatal realiza sus adquisiciones de biodiesel por concursos en las que participan empresas que tienen la capacidad de venta, con certezas de cumplimiento de entrega en la fecha solicitada y en las condiciones de calidad que permitan mezclarse con el diesel que se expende a los consumidores.

Conceptualmente todo lo señalado es correcto, sin embargo eso no es suficiente para garantizar condiciones de verdadera competencia, que permita al ciudadano interesado en el manejo de una empresa estatal, estar seguro que haya corrección en la gestión.

De los procesos, poco o nada se conoce en la sección de transparencia del portal de PP.

No es posible conocer la convocatoria, tampoco las empresas que participan, menos las condiciones comerciales ofrecidas por los postores, el orden de prelación para seleccionar al ganador y las exigencias en las que se adjudica el derecho de vender.

Esta información tendría que estar disponible, pues estamos hablando de cifras que para el 2018, han significado para Petroperu egresos por compras del orden de 130 MMUS$, las que se han hecho a solo tres empresas: Gunvor y Petrochina, ambas seriamente cuestionadas en Ecuador, por su actuación en el gobierno de Rafael Correa y la multinacional BP, que este año ha logrado vender 660 mil barriles, aproximadamente el equivalente a 6 meses de requerimientos de Petroperu, en una sola operación realizada el 30 de mayo pasado y que está siendo escudriñada por periodistas de investigación.

Lo actuado en el 2017, llama más aún la atención, una evaluación preliminar a nivel de Documentos Únicos de Aduana (DUA), da una señal que solo hubo un único vendedor, la ya referida Gunvor. Una evaluación en detalle permitirá confirmar este hecho.

Las limitantes que pueden ponerse para limitar la competencia

La convocatoria a concurso, como ya he referido no es suficiente garantía de un proceso imparcial. Es importante evaluar tres aspectos más por lo menos: evaluación previa de la calidad, exigencias administrativas para participar en el concurso y anticipación de la convocatoria.

Un desinterés en evaluar o un tiempo fuera de lo habitual para evaluarlo, un trámite innecesariamente engorroso para estar habilitado a participar o una convocatoria en tiempo sumario para adquisiciones de largo plazo; son sospechosas limitantes para la competencia. Más aún cuando esta información no es pública en el portal de una empresa estatal

El contralor ausente

Todo lo señalado, por la cuantía, por la cantidad limitadísima de vendedores y la ausencia de transparencia debería ameritar un examen especial por la Contraloría, que no se ve por ningún lado. El señor Nelson Shack, que fue propuesto en el cargo por el ex Premier Fernando Zavala y aceptado en el Congreso en vía rápida, no da señales de intervenir en temas tan importantes como éste. Corresponderá al Legislativo que lo convoque para que explique las razones de su proceder.