• Distribuidor recorta inversiones por los próximos cinco años. Dejaría de conectar a 300 mil usuarios por multas del regulador.

La expectativa de llevar el gas de Camisea a 1 millón de hogares limeños en el 2021 no llegaría a cristalizarse. Día1 supo que el distribuidor de este hidrocarburo para Lima y Callao, Cálidda, ha decidido recortar sustantivamente sus inversiones en conexiones domiciliarias de gas por los próximos cinco años. ¿Por qué razón?

¿Multas disuasorias?

Días atrás, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que la masificación del consumo de gas natural en Lima y Callao estaba “en riesgo de sufrir retrasos” debido a cambios normativos que desalientan la inversión.

En particular, señaló el efecto negativo del D.S. 017- 2015-EM, que establece que los planes quinquenales de inversión de los concesionarios de gas deben ser cumplidos de manera forzosa y no referencial, como ocurría hasta el 2015.

En la práctica, esto significa que si el distribuidor de gas no ejecuta al pie de la letra las obras de conexión especificadas en su plan quinquenal, será multada.

Según Osinergmin, Cálidda incumplió su compromiso de ejecutar obras en ciertas zonas de Ventanilla, Puente Piedra, San Martín, Callao, Santa Anita, Ate, San Juan de Lurigancho y Chorrillos, entre otros lugares, en 2014-2017.

Por tal motivo, le impuso multas por US$35,1 millones, cifra que representa el 10% de sus inversiones quinquenales.

Zona prohibida

Cálidda señala, empero, que sus planes quinquenales solo pueden cumplirse en un 80% por diversos motivos.

“Por ejemplo, si se asfalta una pista no podemos ingresar por allí. Tampoco podemos ingresar cuando una municipalidad nos exige un pago indebido (coima) o cuando alguna entidad del Estado nos niega un permiso”, explica Jorge Olazábal, gerente general de la firma distribuidora.

Apunta que cada vez que Cálidda no pudo ingresar a una zona, compensó ese traspié con otra obra en un área de características similares.

La posición de Osinergmin, empero, es clara: “Calidda no puede ni debe sustituir estas obras adicionales por las obras previstas en el plan quinquenal, que es un mínimo exigible”, señala.

Según Cálidda, esta inflexibilidad la obliga a recortar sus inversiones de forma significativa.

“Serán US$300 millones y ya no cerca de US$500 millones los que invertiremos en el Plan quinquenal 2018- 2022”, detalla Olazábal.

Según el funcionario, este recorte ocasionará que el concesionario de gas no pueda cumplir su meta de llevar el gas de Camisea a más de un 1 millón de familias hacia el 2021.

“En vez de eso, llegaremos a algo más de 800 mil usuarios, es decir, 300 mil menos de los que podríamos conectar”, apunta.

Exceso de normas

Para Anthony Laub, socio del estudio Laub & Quijandría, esta situación refleja el problema de sobrerregulación que aqueja al país.

“Lo que tenemos en el país es un exceso de normas. Pero, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que una empresa proponga un plan menos ambicioso de inversiones para que no la multen por incumplimiento? ¿O flexibilizamos las reglas para no imponer sanciones que terminan siendo retroactivas y no disuasivas para la inversión?”, se pregunta.

Osinergmín ya aprobó el Plan quinquenal 2018- 2022, con inversiones restringidas, de Cálidda. Pero el distribuidor aún tiene la opción de ajustarlo si la regulación se flexibiliza.

De lo contrario, tendrá que despedir al 60% de sus contratistas (3.000), pues no les serán necesarios para este nuevo lustro de tibias inversiones.

Fuente: El Comercio