Por: Luis Garcia Miró Elguera

Como si se tratase sólo del mantenimiento de una oficina, el Consocio Camisea –que opera los lotes 56 y 88 de Gas Natural situados en Cusco, provincia de La Convención– ha decidido paralizar operaciones durante todo el mes de julio (incluso podría ser por más días) “para actualizar los sistemas de seguridad”. Y como si las autoridades de este país no entendieran que las tres cuartas partes de la energía que consumimos –sobre todo la industria y el transporte público– proviene del Gas Natural, sencillamente el Ministerio de Energía y Minas y Osinergmin “han coordinado” con el Consorcio esta grave amenaza que pondrá en peligro –al menos por todo un mes- el abastecimiento energético peruano.

Cabe recordar que el proyecto Camisea fue financiado con cerca de US$ mil millones por los consumidores de electricidad –usted y yo, estimado lector– estableciéndose un cargo ciego obligatorio sumado a nuestra factura por energía eléctrica. Es más, como parte medular de la parafernalia de argumentos que dio el toledato para justificar este contrato, se dijo que con la puesta en marcha de la planta de Gas Natural de Camisea Perú cambiaría por completo nuestra matriz energética. Incluso se prometió que el uso de combustibles contaminantes y caros -como las gasolinas y el diésel que consumen los vehículos y la industria- serían sustituidos por el más limpio y económico que hay en el orbe: el gas natural. Un engaño monumental, porque Camisea abastece cada vez menos a los expendedores de Gas Natural.  En concreto, al Consorcio Camisea y Perú LNG se le concesionó en exclusividad la extracción del Gas Natural de nuestra nación. El Contrato inicial –normado por la Ley 27133 promulgada en 1999– aseguraba el abastecimiento del mercado interno durante un “horizonte permanente de 20 años”. Sospechosamente dicha norma fue modificada en 2005 por la Ley 28552 –también por el toledato- eliminándose la garantía de abastecimiento al mercado interno al permitir que el Consorcio Camisea exporte el cien por ciento de  nuestras reservas gasíferas probadas. El referido Consorcio paga al Estado peruano US$ 0.159 por millón de BTU (menos de un dólar por barril –5.5 millones de BTU–), mientras que nosotros pagamos 80 veces más por cada barril de petróleo que importamos. Si esto no es perjudicial para el país, pues  entonces ¿qué otra palabra puede describirlo mejor?

Sin embargo, cuando debido a la temporada de invierno el caudal de nuestros ríos se ubica en sus cotas más bajas –por lo cual las plantas de generación hidroeléctrica se encuentran incapacitadas de atender la demanda interna– el Gobierno permite que el Consorcio Camisea paralice un mes la operación de los lotes 56 y 88 “por razones de mantenimiento” obligándonos a importar combustible cuando los precios empiezan a subir, aduciendo que esta tarea no puede realizarla el Consorcio Camisea en estos meses porque dificulta la labor de su personal. Pero hombre, que el Consorcio provea a su gente de los equipos necesarios para que cumplan sus obligaciones en cualquier circunstancia. Por algo tiene la exclusividad para explotar nuestro Gas Natural.

Fuente: Expreso.