Régimen de devolución definitiva del IGV debe ser por zonas o áreas de contrato

  • Beatriz De la Vega, Socia Líder de Energía, EY, analizó los temas fiscales más relevantes en petróleo, gas y electricidad en el 16 Congreso de Energía. Señaló que para el negocio petrolero y de gas, son temas fiscales muy importantes el régimen de devolución definitiva del IGV, la deducción de gastos pre operativos y los servicios gratuitos con el ajuste de precios de transferencia.

Sobre el régimen de devolución definitiva del IGV, Beatriz De la Vega explicó que los contratistas del sector petrolero y gasífero sólo pueden solicitar la devolución definitiva del IGV por operaciones de importación y/o adquisición local de bienes, prestación o utilización de servicios y contratos de construcción directamente vinculadas a las actividades de exploración de hidrocarburos durante la fase de exploración establecida en los contratos de licencia.

El problema, explicó De la Vega, es que la devolución definitiva del IGV está vinculada al contrato de licencia, el mismo que incluye diferentes áreas o zonas. “Por tanto, conforme a la regulación actual sólo se podrá solicitar la devolución definitiva del IGV hasta el momento en el que una zona del contrato de licencia entre en explotación”, apuntó.

Para remediar esta situación, la ejecutiva de EY propuso que los contratistas puedan pedir la devolución del IGV por cada zona o área. Con ello, el inicio de explotación en una zona o área de un contrato “no impediría el acceso al régimen respecto de las zonas o áreas restantes del mismo Contrato, siempre que continúen realizando actividades de exploración”. Esto implica, por consiguiente, que el inicio de la explotación se verificará respecto de cada zona o área.

Además, propuso revisar la lista cerrada de bienes aprobada por el Decreto Supremo No. 061-2004-EF y prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2018 la vigencia de la Ley 27624.
Deducción de gastos pre operativos La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) utiliza un criterio según el cual los contratistas de los contratos de licencia que hayan generado ingresos durante la etapa de prueba extendida, por la comercialización del petróleo obtenido en dicha etapa, no pueden iniciar la amortización de los gastos administrativos generales no vinculados directamente con la exploración petrolera, ni de los intereses devengados por financiamientos durante la etapa de exploración, hasta que se inicie la extracción comercial.

Beatriz De la Vega explicó que se podría plantear que los contratistas, encontrándose en fase de exploración, y que generen ingresos por venta de hidrocarburos producidos al interior del programa de prueba extendida de pozos, puedan iniciar la amortización. “Cabe destacar que por el mismo tema existe una posición de SUNAT vertida en el Informe 022-2014-SUNAT/5D0000 y un expediente pendiente de resolución en el Tribunal Fiscal”, precisó. Esta medida permitiría que los contratistas podrán pagar menos impuestos, pues podrán deducir la amortización de estos gastos.

Servicios gratuitos y ajuste de precios de transferencia
Sobre este tema, De la Vega explicó que sería conveniente modificar el dispositivo legal, incluyendo como supuesto de renta de fuente peruana a las “rentas fictas” determinadas a consecuencia del ajuste de precios de transferencia. Además, se propone regular expresamente el mecanismo a través del cual se podría recuperar el impuesto pagado. “Cabe señalar que ni la Ley de IR ni el código tributario han establecido el procedimiento mediante el cual el contratista pueda realizar el cobro de la deuda pagada por el impuesto pagado”, precisó.

El sector electricidad
En la opinión de Beatriz De la Vega, la agenda fiscal para el negocio de la electricidad incluye el siniestro de activos. En el sector, es recurrente la ocurrencia de siniestros que afecten los activos fijos de las generadoras de electricidad. La especialista explicó a los asistentes que, si bien los bienes del activo se encuentran asegurados, por cuestiones de operatividad, las compañías reponen los activos siniestrados por cuenta propia, antes de que las empresas aseguradoras paguen la indemnización correspondiente. En tanto, para las adquisiciones de los bienes destinados a la reposición de los bienes siniestrados, las compañías hacen uso del crédito fiscal correspondiente a las compras realizadas.

El problema es que las normas del IGV señalan expresamente que sólo otorgan derecho al crédito fiscal las adquisiciones que sean permitidas como gasto o costo de acuerdo a la normativa del Impuesto a la Renta. “En ese sentido, resulta cuestionable si corresponde que las compañías se tomen el crédito fiscal derivado de las adquisiciones de bienes realizadas a fin de reponer activos siniestrados”, señaló De la Vega. En ese sentido, citó pronunciamientos del tribunal fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, que señalan que no hay derecho al crédito fiscal en los desembolsos efectuados porque no constituyen costo o gasto.

Contribuciones reembolsables
De acuerdo a la Ley de Electrificación Rural y la Ley de Concesiones Eléctricas, las compañías eléctricas se encuentran habilitadas para exigir una “contribución con carácter reembolsable” para el financiamiento de la extensión de las instalaciones hasta el punto de entrega y/o para la ampliación de la capacidad de distribución necesaria.
Además, las normas sectoriales habilitan a las compañías distribuidoras a recepcionar activos construidos por municipalidades o asociaciones de usuarios, entre otros, con la obligación de devolver el financiamiento del activo adquirido al ejecutor del proyecto, pues estos bienes pasan a ser parte del activo fijo de la distribuidora y reciben el tratamiento de cualquier activo fijo.

El problema, explicó Beatriz De la Vega, es que el alta de activos provenientes de este mecanismo no siempre cuenta con comprobantes de pago que sustente su costo, ya que hasta antes del ejercicio 2013, el Artículo 20 de la LIR no disponía expresamente que los costos debían encontrarse sustentados en comprobantes de pago. “Siendo esto así, las compañías muchas veces no cuentan con los comprobantes correspondiente que permitan sustentar las adquisiciones de bienes pues no se exigía a las municipalidad o asociaciones de usuarios emitir comprobantes de pago, y más aún porque en el caso de asociaciones de usuarios no todos contaban con inscripción el RUC”, precisó.

Subsidios estatales
Las compañías dedicadas a la distribución de energía eléctrica que perciben bienes por parte del estado en calidad de aportes no reembolsables, en aplicación de la NIC 20, registran tales aportes como ingresos devengados, en función a la vida útil conjuntamente con la depreciación. Tales ingresos califican como ingresos no gravados. Pero, de acuerdo a la normativa del Impuesto a la Renta, en los casos en que se perciban ingresos gravados y no gravados, cabe aplicar el GIRE de acuerdo a la normativa que lo regula. Beatriz De la Vega sugiere evaluar la aplicación del método del gasto versus método del ingreso. “Resulta recomendable la implementación de una política de costos vinculado a la generación de renta gravada y no gravada”, añadió.

Pérdidas extraordinarias de energía
Las pérdidas de energía eléctrica en el proceso de distribución, constituyen una merma en los ingresos de las compañías, y equivalen a la diferencia entre la energía comprada y la energía vendida, las cuales son clasificadas en pérdidas técnicas (consecuencia de un recalentamiento natural de los conductores que transportan la electricidad) y en pérdidas no técnicas o comerciales (hurtos de electricidad, errores técnicos y administrativos).

Algunas compañías consideran que ambos tipos de pérdidas, serían mermas, explica Beatriz De la Vega. En consecuencia, a efectos tributarios, tales pérdidas se encuentran sustentadas en informes de mermas. “Sin embargo corresponde señalar que existe la posición del Tribunal Fiscal mediante la cual, a la perdida no técnica, no se le califica como merma, sino más bien como una pérdida extraordinaria. En este último escenario, el sustento del gasto, no sería el informe de mermas”, finalizó.

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