“De no aplicarse cambios ni incentivos a la inversión la producción declinará hasta a los 20,000 barriles por día”

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) considera que las propuestas planteadas por el Poder Ejecutivo en el proyecto que modifican la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) en general son positivas porque apuntan a dinamizar al sector, hacerlo atractivo para futuras inversiones y aportarán al desarrollo económico del país.

Sin embargo, considera que el Congreso de la República deberá realizar ajustes y hacer inclusiones necesarias para conseguir una reforma de mayor impacto que de manera eficaz ponga al Perú a competir en condición de ventaja y consiga poner en valor los yacimientos en producción principalmente los que se encuentran en la selva.

Uno de los planteamientos a mejorar es el referido es que PERUPETRO pueda suscribir acuerdos modificatorios a los porcentajes de regalías y retribuciones pactados, aplicables a la producción nueva, a la producción básica e incremental, conforme a las condiciones de mercado.

Estos ajusten permitirán restablecer las inversiones y recuperar los niveles de producción de petróleo, lo que se traducirá en mas regalías, ingresos por impuestos, canon y sobrecanon para las regiones, creación de puestos de trabajo, una mayor dinamización de las economías locales y menor importación de petróleo.

Otra medida que la SPH considera indispensable para una eficaz reforma es que el estudio ambiental aplicable a las actividades de la fase de exploración sea la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), sin excepción de ningún tipo y que los permisos y autorizaciones adicionales se aprueben en un plazo que no exceda los 60 días.

Sobre este punto Felipe Cantuarias, presidente de la SPH explicó que “la DIA es un Estudio Ambiental, y es el que corresponde a la etapa exploratoria que es temporal, a diferencia de la etapa de explotación. No se rebajan los estándares ambientales, no hay daño ni impacto significativo al ambiente”.

La implementación de esta medida permitirá que se acorten los tiempos para el inicio de la exploración y se pase rápidamente cuando se comprueba la existencia de recursos, a la fase de explotación lo que generará en corto plazo ingresos para el Estado y las regiones productoras.

Cantuarias también explicó la necesidad de extender los plazos de los contratos de petróleo y gas a 60 años y que en el caso de los campos maduros es decir aquellos con producción marginal y declinante, sea hasta la vida económica de los yacimientos, que es un concepto que se aplica en otros países.

“El objetivo de esta propuesta es establecer plazos que viabilicen un aprovechamiento continuo y eficiente de los campos de petróleo y gas y darles valor y obtener los beneficios económicos que generan para el Estado y especialmente a las regiones”, señaló.

Indicó que los cambios a la LOH, si se plantean de manera acertada, incentivarán la exploración y explotación petrolera, considerando que el país tiene el potencial de producir en un corto plazo más de 150,000 barriles por día y que para ello se requieren inversiones del orden de 4,700 millones de dólares.

“De no aplicarse cambios ni incentivos a la inversión se corre el riesgo de que en los próximos años la producción decline hasta llegar apenas a 20,000 barriles de petróleo por día”, advirtió.

Comentó como muy positivo que se incorpore la cláusula anticorrupción a los contratos de hidrocarburos, como lo plantea el proyecto, pero consideró que se debe ir más allá y que se extienda a todo tipo de contrato que afecte a la industria.

“Creemos que al aplicar esta cláusula se evitan irregularidades, actos deshonestos y hasta delictivos. Lo que queremos es que los contratos sean transparentes y que las inversiones realmente beneficien al país, incentive su desarrollo, generen bienestar para los peruanos y no sean sólo para el beneficio de unos cuantos”, dijo.

La SPH se presentó ante el grupo de trabajo del Congreso que revisa las modificaciones a la LOH, presidida por el congresista de Fuerza Popular Juan Carlos del Águila y planteó propuestas basadas en cinco temas: un nuevo marco competitivo, claridad de competencias de las entidades estatales para eliminar excesiva tramitología, implementación de infraestructura para el transporte y las operaciones, eficacia en la administración y generación de información técnica para generar un mayor valor  a los yacimientos y la aplicación del Fondo de Adelanto Social para las zonas productoras con lo que se conseguirá un reparto efectivo de los beneficios económicos de la industria.

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